Un día antes de Fiestas Patrias del 2018, el 27 de julio, el Gobierno publicó la Ley 30830, que da facilidades para la regularización de las viviendas construidas sin licencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

Lo que hace la norma es ampliar el plazo de acogimiento a este beneficio, pues anteriormente solo lo podían hacer las viviendas que se edificaron hasta julio de 1999. Es decir, los inmuebles construidos de manera informal durante 17 años podrán acceder a un procedimiento simplificado de formalización.

Esta norma, que fue una iniciativa del Congreso de la República, ya fue reglamentada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), lo cual le da vigencia a la medida.

La norma incluye a las viviendas construidas sin conformidad de obra o que no cuenten con declaración de fábrica, independización y/o reglamento interno.

Además, señala que no podrán acogerse a estas facilidades las viviendas levantadas en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zonas de riesgo para la salud e integridad física, riberas de ríos, lagos o mares, así como en edificaciones en las que resulte evidente la contravención a los elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana.

Procedimiento
Desde el Ministerio de Vivienda explicaron a Gestión que todo el proceso simplificado se hace directamente ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), sin pasar por las municipalidades.

Para las viviendas que se construyeron sin licencia, la Sunarp cuenta con unos verificadores, arquitectos o ingenieros, quienes son los que hacen este procedimiento.

“Si una persona tiene una vivienda que se construyó sin licencia pero que es segura, se hizo respetando el reglamento nacional de edificaciones, tuvo asistencia técnica, entonces se acerca donde estos verificadores para la regularización de la edificación”, explicaron.

Tras ello, el verificador irá a la vivienda a realizar las constataciones, elaborará un plano y habrá una carta de seguridad de un ingeniero que certifique que está bien construida y no se va a caer, además que no se encuentra en una zona prohibida para construcción.

Con todos estos requisitos, la persona llenará un formulario y adjuntará los planos, para finalmente ir donde un notario que verificará las firmas y será quien realizará la inscripción en la Sunarp, además de comunicar a la municipalidad respectiva que la edificación se regularizó bajo el procedimiento de la ley mencionada.

Inscripción con carga
Una vez que la municipalidad ha sido notificada de la regularización de la edificación, podrá realizar acciones de fiscalización para verificar que se cumplieron con los parámetros que exige la norma.

Sin embargo, deberá tomar en cuenta que la ley mencionada permite la regularización con “carga”, es decir, que han violado algunos parámetros urbanísticos, que no tiene que ver con riesgo, sino contra el ornato.

Es decir, el verificador debe precisar que tiene una carga. Por ejemplo que invade un retiro o tiene un voladizo más grande que el permitido. Sin embargo, esta situación limitará futuras acciones de construcción en la vivienda. 

FUENTE: GESTIÓN

Pese a las críticas que ha recibido el Sistema Privado de Pensiones (SPP), muchos trabajadores lo encuentran atractivo y lo prefieren frente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Y es que el acceso al retiro de hasta el 95.5% de los fondos de pensiones al momento de la jubilación, y al uso de hasta el 25% de esos ahorros previsionales para la cuota inicial de una hipoteca solo es posible para los afiliados de AFP.

En esa línea, en el 2018 el 19% del total de nuevos afiliados a AFP correspondió a trabajadores que estaban en la ONP, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sin embargo, hoy no todos los trabajadores tienen la posibilidad de transferir sus fondos de la ONP a una AFP. Hacerlo significaría perder todo lo aportado hasta este momento.

Un proyecto de ley presentado por la congresista Paloma Noceda, con el respaldo de su grupo parlamentario, Acción Popular, plantea facilitar ese traslado para todos los afiliados de la ONP que así lo deseen.

“Actualmente, las personas que realizan sus aportes a la ONP y que en algún momento quieren transferir sus fondos a una AFP no pueden hacerlo por más que esos fondos les pertenezcan. Entonces, se ven obligados a mantenerse en la ONP”, señaló.

“La idea del proyecto es darles a estas personas la libertad de elegir”, afirmó la legisladora. Por ello, la propuesta presentada considera que las personas que se trasladen al sistema de AFP recibirán un bono de reconocimiento, emitido por la ONP, por un monto correspondiente a los meses aportados.

Para acceder al “bono de reconocimiento 2019” el trabajador deberá haber cotizado al SNP un mínimo de 24 meses dentro de los 10 años anteriores a la fecha de solicitud de dicho bono. A la fecha , existen tres de estos tipos de bonos (1992, 1996 y 2001), pero solo tienen derecho a ellos los afiliados que pasaron de la ONP a una AFP entre 1992 y 2001.

Los afiliados que realizan esa migración desde el 2002 no tienen derecho a recuperar sus aportaciones en la ONP.

“Para mí, el monto del bono debería incluir todo lo aportado”, opinó Noceda. Los bonos previos reconocen un monto máximo de S/ 60,000.

Si hay dificultades fiscales, al Estado le corresponderá establecer montos límites, dijo.

“Con este proyecto buscamos poner este tema a debate bajo el principio básico de que todo lo aportado a la ONP son fondos que, en teoría, te pertenecen y que puedes disponer libremente, sea que te mantengas en el SNP o en el SPP”, enfatizó la legisladora.

A solicitud del afiliado, el bono de reconocimiento será redimido también para hacer uso del 25% de fondo acumulado para la compra de una vivienda. Noceda confió en que el proyecto de ley será puesto a debate este mes en la Comisión de Economía.

Carlos Bruce, presidente de dicha comisión, consideró importante analizar y afinar esta iniciativa.

“Todos sabemos que hay problemas en la ONP, y este bono de reconocimiento está dirigido a solucionar ese problema. Pero ahí hay un tema fiscal; el dinero lo tendría que aportar el Estado”, dijo.Las Claves

1 Esquema. La ONP es un sistema previsional de reparto, en el que los trabajadores hacen aportes a un fondo común que sirve para pagar a los actuales pensionistas. 
2 Aportes. Para recibir una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) los afiliados deben acumular al menos 20 años de aportes. 
3 Montos. En el SNP existe una pensión mínima para sus jubilados, de S/ 415. En el SPP, en cambio, la pensión depende del fondo individual acumulado por el afiliado. 
4 Sueldos. El ingreso promedio de los afiliados a la ONP es de alrededor de S/ 1,351, según la CPS. El 50% tiene una remuneración menor a S/ 1,003.

Una  de las reglas para la adquisición de una propiedad es la confianza en la información de los Registros Públicos (SUNARP) para adquirir un inmueble, pero a nivel judicial esto estaría siendo inaplicado.

Así, la especialista María Murillo, en un informe legal comentó que nuestro sistema legal establece una garantía especial al tercer comprador de un inmueble que confía en la información de SUNARP.

Por esa razón se presume “LA BUENA FE” de esta compra y mantendrá la adquisición inscrita  en la SUNARP, incluso si después se anule el primer contrato de compra por causas que no consten en los asientos registrales. Es decir, esta buena fe se deriva del hecho objetivo de revisar con diligencia el contenido del título de propiedad en SUNARP;  y, en ese sentido, existen fallos judiciales que convalidan este tipo de garantía y otorgan seguridad jurídica.

Sin embargo el poder judicial desde el abuso de los vacíos en la legislación que permitieron el tráfico de terrenos  y otros como el caso Orellana, ocasionaron el desarrollo de un nuevo criterio judicial en favor del poseedor del terreno o del inmueble.

En el desarrollo de esta nueva tendencia judicial, incluso se amplía el concepto de buena fe a una objetiva (que sería la constatación de la información en SUNARP) de otra subjetiva, por lo que se considera que lo diligente antes de comprar es asegurar o comprobar bajo qué título los poseedores se pueden considerar propietarios. Asimismo, dentro de esta nueva obligación el comprador debe verificar la entrega física del inmueble y averiguar, por sus propios medios, (la veracidad) de lo que consta en los Registros Públicos.

Para Murillo, la exigencia que conlleva este tipo de pronunciamiento es la prueba del diablo ya que los compradores estarían obligados a investigar la cadena de transferencia hasta el infinito.

Por ello, señala, el desarrollo inmobiliario de los países y, en general, de las sociedades modernas, se hace se hace posible gracias al absoluto respeto pública registral, sin cuya existencia no podría haber ni inversiones, ni transacciones seguras, ni derecho de propiedad.

Además recordó que ante los abusos y delitos cometidos por grupos delincuenciales contra derechos de propiedad se introdujeron ciertas modificaciones al código civil con el fin de proteger al derecho de propiedad y dar seguridad jurídica a las transacciones.

Por esa razón, alguna jurisprudencia del Poder Judicial estaría atentando contra la propiedad privada y la seguridad jurídica del registro, al desamparar el derecho de propiedad del titular registral y descartar la buena fe del que contrata con la con el titular registral.

El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 030-2019-PCM del texto único ordenado (TUO) de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que agrupa los cambios introducidos desde la publicación del primer TUO.

Este nuevo texto normativo establece una nueva normativa ordenada incorporando las modificaciones realizadas en setiembre de los años 2015 y 2018.

Este martes, el Ejecutivo oficializó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia ( JNJ), promulgada por el presidente de la República, Martín Vizcarra.

La norma N° 30916 fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

“La presente ley orgánica establece y norma las competencias, organización, conformación, requisitos, funciones, sistematización de la información, la participación ciudadana y régimen económico de la Junta Nacional de Justicia y de la Comisión Especial”, dice el texto publicado.

Como se recuerda, Martín Vizcarra resaltó que en el Congreso se hicieron cambios a algunos artículos que hubieran permitido “una verdadera transformación” del sistema de administración de justicia.

El jefe de Estado mencionó la ausencia del concepto de igualdad de género, así como el acceso a la información del levantamiento del secreto bancario para postulantes a la JNJ. Además, la eliminación de los criterios objetivos para seleccionar a miembros de la JNJ idóneos.

Martín Vizcarra manifestó que pese a las eliminaciones, el Perú no puede continuar sin un organismo que nombre, ratifique, supervise y destituya a jueces y fiscales.

En la norma se establece como disposición complementaria, la derogación de la ley 26397 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). También se procedió a derogar la ley 30833 que disponía la declaratoria de emergencia de esta institución, cuyos integrantes fueron destituidos por el Congreso tras la difusión de los “CNM Audios”.

FUENTE: GESTIÓN

SUNAT realizará este viernes el segundo remate del año en el que se subastaran bienes muebles e inmuebles (locales industriales, casas, departamentos, entre otros) embargados a contribuyentes que no cumplieron con el pago de sus deudas tributarias, por un monto de 22,2 millones.

SUNAFIL está empleando la técnica de georeferenciación durante sus operativos de fiscalización en zonas rurales. Esta técnica permite la ubicación rápida de domicilios fiscales, centros de trabajos y fundos para llegar a aquellos identificados como informales. Así, pueden incorporarse a la planilla electrónica.

FUENTE: GESTIÓN

La minera brasileña Nexa Resources señala que en este año se pueda tener una mayor producción de mineral en la operación de Cerro Lindo (Ica), con base en las iniciativas que la empresa está desarrollando en esta mina.

Al respecto se esperaba hacer unos 20 Kilómetros de perforaciones, con el objetivo de aumentar el nivel de inventario de minerales.

Actualmente, los depósitos descubiertos están localizados al sur del rio  Topará.

Otros desarrollos son la construcción de un nuevo botadero (Pahuaypite), que apunta a proveer continuidad a la unidad de Cerro Lindo. Nexa iniciará operaciones en un nuevo ducto para trasladar agua desalinizada proveniente del mar para el Segundo Trimestre del 2019.

Cajamarquilla

En la refinería de zinc de Cajamarquilla, la conversión de recuperación de refinado en esta refinería ya tiene avanzado su ingeniería detalle en un 47%, y se está en proceso de selección del contratista.

La empresa señala que la producción estable en las minas de Porvenires y Atacocha (Complejo Pasco) mantendrá los niveles de producción de Nexa.

OPNIÓN: MAURICIO OLAYA

A lo largo de los últimos años se viene produciendo una revolución a nivel mundial sobre el rol de las empresas y los directorios como responsables del cumplimiento de ciertas obligaciones que el Estado considera “estratégicas”.

La forma más ingeniosa que ha encontrado el Estado de hacerlo es generándole tanto a la empresa como a sus representantes legales y especialmente directores responsabilidades de carácter penal (hasta no hace mucho impensables) como mecanismo de sanción a lo que consideran una falta u omisión a sus deberes de gestión y dirección.

El resumen de la idea es simple: “Si lo permites, eres responsable”.

El punto de partida de este tema es que el directorio es el órgano máximo de administración de una empresa y el que, por ende, tiene la capacidad de establecer las políticas de cumplimiento obligatorio, procurar su ejecución y asignar los recursos necesarios para que la organización (incluidos el CEO, CFO y demás gerentes y representantes) se conduzcan en concordancia con ello.

Eso no significa que necesariamente dejen de presentarse conductas ilícitas en las empresas, pero los directores deberán probar que hicieron todo lo necesario para que ello no ocurriera.

Para ver la magnitud de lo dicho basta comentarles que en Chile, hasta finales del año pasado, solo se había establecido dicha responsabilidad penal de las empresas y sus directores (incluidos accionistas controladores y otros) para los casos de soborno a nacionales y extranjeros, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación. Sin embargo, en noviembre del año pasado, se sumaron como nuevos casos de responsabilidad penal de las empresas la corrupción entre privados, la negociación incompatible, la administración desleal y la apropiación indebida a los que acaban de agregarse (el 31 de enero) ¡la contaminación de aguas, la pesca ilegal y la comercialización ilegal de productos vedados o sobreexplotados!

A prepáranos como directores que esto viene en serio y escalando cada vez más. Primero, informándonos, y luego actuando.

FUENTE: GESTIÓN