Si un contrato de trabajo de servicio específico suscrito con una entidad pública se desnaturaliza, no puede usarse el amparo como mecanismo de reincorporación a plazo indeterminado cuando el demandante no ingresó por concurso público para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.

26/09/2021 En los casos en que se verifique la desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad de servicio específico suscrito con una entidad de la administración pública, no podrá utilizarse el proceso de amparo como mecanismo de reincorporación a plazo indeterminado cuando se evidencie que el demandante no ingresó mediante un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la Sentencia Nº 619/2021 correspondiente al Expediente N° 00157-2021-PA/TC, emitida por el pleno del Tribunal Constitucional (TC), que al declarar improcedente una demanda de amparo, precisa la aplicación del precedente del Expediente Nº 05057-2013-PA/TC (Huatuco).

Fundamento

El TC advierte que la STC Nº 05057-2013-PA/TC (Huatuco) estableció en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23, con carácter de precedente, que en los casos en que se verifique la desnaturalización del contrato de trabajo temporal o civil no podrá ordenarse la reposición a plazo indeterminado cuando se evidencie que la parte demandante no ingresó a la administración pública mediante un concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.

De igual manera, estableció que los procesos de amparo al respecto en trámite, en el Poder Judicial y en el TC, deben ser declarados improcedentes, pues no procede la reposición en el trabajo, aunque en tal caso el juez debe reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral para que el demandante solicite la indemnización que corresponda.

Esto de acuerdo con la referida sentencia, la cual precisó que las demandas presentadas a partir del día siguiente de su publicación, cuya pretensión no cumpla el criterio de procedibilidad de acreditar el ingreso a la administración pública mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, deben ser declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción.

A la par también con carácter de precedente, el TC advierte que instauró en aquel fallo la obligación de las entidades estatales de aplicar las correspondientes sanciones a los funcionarios o servidores que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte demandante (Fundamento 20 de la STC Nº 05057-2013-PA/TC).

El colegiado toma en cuenta que el artículo 22 de la Constitución establece que “el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de la persona”. Mientras que el artículo 27 de la Carta Política prescribe que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.

En el caso de los contratos para obra determinada o servicio específico el artículo 63 del Decreto Supremo N° 003-97-TR los define como aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinado. En tanto que el artículo 72 del mismo decreto supremo precisa que “los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”, detalla el TC.

A su vez, el colegiado advierte que el artículo 77, inciso “d”, de dicha norma reglamentaria preceptúa que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se desnaturalizan cuando, entre otros supuestos, el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en ese cuerpo legal.

Demanda

En el caso materia de la Sentencia Nº 619/2021, el demandante en un proceso de amparo solicita que se ordene su reincorporación en la función que venía desempeñando porque habría sido víctima de un despido incausado.

Sustenta su petición en el hecho que suscribió un contrato de trabajo sujeto a modalidad de servicio específico, el cual considera que se desnaturalizó debido a que, por un lado, realizó labores propias de la entidad emplazada y, por otro, porque en él no se señaló la causa objetiva de su contratación.

Alega, entonces, la vulneración de sus derechos al trabajo y a la adecuada protección contra el despido arbitrario.

Decisión

Del examen de la cláusula referida al objeto de citado contrato, el TC concluye que la entidad de la administración pública emplazada no cumplió con su obligación de precisar la causa objetiva que justifique la contratación a plazo determinado del demandante, pues esta es genérica e imprecisa.

A su vez, el TC resalta que el contrato para obra determinada o servicio específico únicamente puede ser utilizado para cubrir necesidades transitorias y no otras. Por otro lado, añade, si bien en la referida cláusula se señala que el accionante es contratado para desarrollar una función de dirección, la plaza para ese cargo no está considerada como de confianza, conforme al Cuadro de Recursos Humanos correspondiente.

Por esa razón, el TC colige que el referido contrato de trabajo fue desnaturalizado por haberse producido el supuesto previsto en el inciso “d” del artículo 77 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que debe ser considerado como un contrato de trabajo a plazo indeterminado. De tal modo que las adendas suscritas por las partes con posterioridad carecen de eficacia jurídica, pues mediante ellas se pretendió encubrir la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, precisa el máximo intérprete de la Constitución.

No obstante, toma también en cuenta que en el caso materia de análisis el demandante no ingresó mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.

Por todo ello, el TC declara improcedente la demanda de amparo correspondiente al Expediente N° 00157-2021-PA/TC.

Trascendencia

Con este pronunciamiento, el TC precisa con uniformidad de criterio que el precedente Huatuco se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 728 que realizan función pública, comentó el laboralista Jorge Luis Acevedo, socio de Benites, Vargas & Ugaz Abogados.

En esa medida sostuvo que constituye una sentencia relevante, sobre todo porque había surgido la duda entre muchos magistrados que emitían votos singulares sobre si dicho precedente se aplica a los trabajadores del Estado sujetos al citado decreto legislativo.

En función del precedente Huatuco, si un trabajador realiza función pública sea bajo el régimen que fuere y no ingresó mediante concurso público no puede mantenerse en el sector a pesar de que su contrato se haya desnaturalizado, indicó Acevedo.

Con ello se resguarda el principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público y si esta regla, que se plasma en el concurso público, no se cumple, no se puede luego reclamar una protección para reincorporarse al puesto, agregó el especialista.

Los recientes cambios normativos publicados para el funcionamiento empresarial están destinados a facilitar a las compañías hacer giros, afines o complementarios a su objeto social, con una simple declaración jurada a la municipalidad que otorgó la licencia de funcionamiento.

Esto último sin necesidad de nuevos trámites notariales y registrales.

Así lo sostuvo el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala, al explicar las modificaciones publicadas en días recientes referidas al accionar de las empresas, tales como la posibilidad de convocar a sesiones de directorio y de juntas generales de modo virtual, así como del nuevo marco legal para las sociedades BIC (Beneficio e Interés Colectivo).

El experto anotó que con la reciente Ley Nº 31194 se modifica el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades, a fin de permitir que las empresas puedan convocar a sesiones de directorio, juntas generales y a otros órganos societarios de modo no presencial.

Esto es, a través de medios electrónicos y otros de naturaleza similar, en tanto garanticen identificación, comunicación y participación en el ejercicio del derecho a voz y voto en los órganos societarios de la empresa.

Incluso las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente, lo que constará en los documentos correspondientes que lleva la empresa, detalló Zavala.

Estas disposiciones también son aplicables a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro reguladas por el Código Civil.

Mientras que con la Ley Nº 31072 y su reglamento, D. S. Nº 004-2021-Produce, se ha creado el nuevo régimen legal de la sociedad BIC, a la que facultativamente podrán acogerse las sociedades ya constituidas o por constituirse, a fin de promover la responsabilidad social empresarial y la protección del medioambiente, aplicable a todo tipo de empresas reguladas por la Ley General de Sociedades 26887 y modificatorias.

Este nuevo marco normativo no es aplicable a las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), a las sociedades por acciones cerradas simplificadas, las cooperativas, contratos asociativos ni asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, anotó el experto en derecho corporativo.

Para ser considerada sociedad BIC, las empresas deben incluir en su objeto social, en forma clara y detallada, el propósito del beneficio social y ambiental que pretenden desarrollar, para que –además de cumplir con su rol principal de generar utilidades, pagar los impuestos, las remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores– promuevan la responsabilidad social empresarial y, en especial, la protección del medioambiente, dijo el gerente de la CCL.

Aprobación automática

Otro cambio importante lo trae el TUO de la Ley de licencia municipal de funcionamiento, que permite a las personas naturales con negocio y personas jurídicas desarrollar actividades afines, simultáneas y complementarias a su giro principal. Para ello, no se requiere de cambios notariales ni registrales ni de una nueva licencia de funcionamiento, sino solo la presentación de una declaración jurada a la comuna que otorgó la licencia de funcionamiento, que será de aprobación automática. Así, con el D. S. 009-2020-Produce, se aprobó la lista de 43 giros afines o complementarios, entre ellos, servicios de fotocopia, tipeo de documentos, venta y recarga de celulares, reparación de prendas de vestir, relojes de pulsera, delivery de productos, venta de loterías, juegos de azar y de seguros, venta de libros, perfumería, cosméticos, entre otros.

En materia de reprogramación de préstamos avalados bajo este programa.

13/05/2021 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó hoy el nuevo reglamento operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype) en materia de reprogramación de créditos garantizados bajo este programa, así como también, el plazo de vigencia del Fondo.La medida se dispuso mediante Resolución Ministerial (RM) 149-2021-EF, publicada hoy jueves 13 de mayo en El Peruano.
De esta manera, la normativa determina la incorporación de los artículos 23 y 24 al nuevo reglamento operativo del FAE Mype, aprobado mediante Resolución Ministerial 150-2020-EF/15, referidos a las reprogramaciones de los créditos garantizados bajo este programa y la gestión de las reprogramaciones.
Bajo términos y condiciones
Se establece que los créditos otorgados a la mypes con garantía del FAE Mype se reprograman bajo los siguientes términos y condiciones:
(i) El plazo máximo de pago incluida la reprogramación es de 48 meses.
(ii) El periodo de gracia adicional al otorgado originalmente, bajo lo establecido en el decreto de urgencia (DU) 029-2021, es de hasta 12 meses, periodo en el cual se pagan los intereses para la reprogramación.
El Decreto de Ugencia 029-2021 establece medidas extraordinarias complementarias en materia económica y financiera destinadas a la reprogramación de los créditos garantizados con el FAE Mype para asegurar la continuidad del impulso al desarrollo productivo de los emprendedores. 
(iii) La tasa de interés para la reprogramación no puede ser mayor a la tasa de interés original del crédito, más un margen adicional que se compone por lo siguiente: el costo de la reprogramación de los créditos y el mayor costo de fondeo de las entidades finacieras o cooperativas de ahorro y crédito. Este margen adicional compuesto por los dos factores antes señalados no puede ser mayor a 15 puntos básicos.
(iv) La garantía del FAE Mype sólo cubre el porcentaje de garantía del saldo insoluto del capital originalmente desembolsado.
Se determina que las empresas financieras o cooperativas de ahorro y crédito deben pagar una comisión por la reprogramación del crédito con garantía del FAE Mype equivalente a 0.06% del saldo insoluto, la cual puede ser trasladada a los beneficiarios de las reprogramaciones.
Se dispone que dicha comisión debe ser pagada por única vez al momento de la confirmación por parte de Cofide y durante el nuevo periodo de gracia. 
Se precisa que tal comisión es adicional al margen adicional que las entidades financieras o cooperativas de ahorro y crédito pueden agregar al interés del crédito reprogramado.
Se dispone que las empresas del sistema financiero y cooperativas de ahorro y crédito evalúan a las mypes para la reprogramación de los créditos garantizados con el FAE Mype de acuerdo a sus metodologías de evaluación crediticia institucional. 
Se fija que la reprogramación de préstamos garantizados con el FAE Mype debe implementarse dentro de los dos días hábiles siguientes al pago de la comisión por la reprogramación del crédito por la empresa financiera o cooperativa de ahorro y crédito.

Resolución Ministerial Nº 149-2021-EF/15 que modifican el nuevo reglamento operativo del Fondo de Apoyo Emp… by Diario Oficial El Peruano on Scribdhttps://es.scribd.com/embeds/507772955/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Cq4L73ws9VlOOveCyQmb
Administración de reprogramaciones
Asimismo, la normativa establece que Cofide en su condición de fiduciario administra las reprogramaciones de los créditos garantizados con el FAE Mype. 
También se determina que las reprogramaciones no generan la extinción o terminación de la garantía del FAE Mype, las que deben ser aprobadas por las entidades financieras o cooperativas de ahorro y crédito hasta el 15 de julio del 2021.
Además, se dispone la modificación del artículo 4 y el numeral 21.1 del artículo 21 del nuevo reglamento operativo del FAE Mype, aprobado mediante R. M. 150-2020-EF/15, referidos al plazo de vigencia del FAE Mype y la devolución de aportes, respectivamente.
Vigencia
El FAE Mype tiene una duración de seis años, contados a partir de la suscripción del contrato de fideicomiso, dicho plazo incluye el plazo de liquidación del citado Fondo. 
En la RM 150-2020-EF/15 se determinó que el FAE Mype tenía una duración de cinco años.
Se fija que los recursos a que no se lleguen a comprometer al 31 de diciembre de 2020 se mantienen en el FAE Mype hasta la finalización de su vigencia.
En la RM 150-2020-EF/15 se estableció que los recursos que no se alcancen a comprometer a la fecha antes señalada serán devueltos al Fondo Crecer.

Solo se reportará el 3.5% de las cuentas bancarias existentes, a partir del umbral establecido de 7 UIT. Envío se hará mediante el Sistema Seguro de Recepción de Información Financiera.

Corte Suprema delinea requisitos para otorgar pensión de invalidez

Compensación por tiempo de servicios

La compensación por tiempo de servicios (CTS) es un beneficio social de larga data en nuestro país, su naturaleza es la de servir de sustento al trabajador para el momento en que afronte la pérdida de su empleo. También tiene una finalidad promocional del trabajador y de su familia.

07/05/2021 A manera de antecedente, podemos mencionar que en julio de 1991, con la promulgación del texto original del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de CTS, se estableció por primera vez el depósito semestral de este beneficio como sucede hasta ahora. Es a partir de la década del 2000 que entran en rigor una serie de normas del Ejecutivo que desnaturalizan la CTS, pues se permite su depósito mensual, así como su libre disponibilidad. Podemos mencionar el D. U. Nº 127-2000 (30.12. 2000), que autorizó su depósito mensual hasta el 31.10.2001, en ese lapso era de libre disponibilidad. Este plazo fue ampliado por múltiples normas hasta el D. U. Nº 024-2003, que lo extendió hasta el 31 de octubre del 2004. A estas normas debe añadirse el retiro del 80% del fondo para la adquisición, construcción, mejoramiento de vivienda o adquisición de terreno (Ley Nº 28461).

Ya en el 2009, la Ley Nº 29352 permitió inicialmente disponer del 100% de los depósitos CTS que se hagan en mayo y noviembre del 2009, y se fijó un régimen gradual desde el 2010. El D. U. Nº 001-2014 redujo el monto intangible a cuatro remuneraciones brutas, lo que hace disponible el 100% del exceso. Esta medida está vigente a la fecha. Para su ejecución, los empleadores deberán comunicar a las entidades financieras, a pedido de los trabajadores, el monto intangible de cada trabajador. Dicha comunicación no deberá exceder el plazo de tres días hábiles contados a partir del requerimiento del trabajador.

Tienen derecho a la CTS los trabajadores que se encuentran en planilla, salvo que laboren menos de cuatro horas diarias en promedio (part time), perciban el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios que brinda el empleador o trabajen en una microempresa. Tampoco tendrán depósito quienes perciben su remuneración de manera integral anual (RIA), pues la CTS se les paga en forma mensual. Al personal bajo el régimen agrario se le abona la CTS como parte de su remuneración mínima diaria, por lo que tampoco tendrán depósito, salvo que hubieran optado por su depósito semestral. En el Estado, los servidores bajo el régimen CAS no acceden a la CTS.

El plazo para depositar la CTS vence el 15 de mayo, pero, como se trata de un día inhábil, se podrá efectuar hasta el día hábil siguiente, es decir, hasta el lunes 17 de mayo. Algunas empresas ya han hecho el depósito a la fecha.

La CTS se determina en función al tiempo laborado durante el semestre que va del 1 de noviembre del 2020 al 30 de abril del 2021, se abona a razón de 1/12 de la remuneración por mes completo laborado y se añade la proporción por los días de labor. La remuneración que se considera como parte del cálculo es la básica más la asignación familiar, el promedio de comisiones durante el semestre indicado, así como el promedio de horas extras, si estas se recibieron al menos tres veces en el semestre.

La falta de depósito íntegro y oportuno de este beneficio social no solo genera el devengo automático de intereses financieros (los que se hubiera percibido de haber cumplido a tiempo), sino que también expone a la empresa a una multa por parte de la Sunafil, la cual puede ascender inclusive a 114,928 soles si se afecta a más de 1,000 trabajadores.

Reglas especiales

• Personal comprendido en una suspensión perfecta de labores (SPL). Tienen derecho al depósito de la CTS, descontando el tiempo en que han estado suspendidos durante el semestre. Durante la SPL pueden disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de CTS hasta por una remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la SPL. Las entidades financieras deben desembolsar el monto correspondiente, a la solicitud del trabajador y con la confirmación de que el trabajador se encuentra comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores. El MTPE informa ello a las entidades financieras.

• Retiro excepcional hasta el 31 de diciembre del 2021. Mediante Ley Nº 31171 se permite retirar el 100% de los depósitos de la compensación por tiempo de servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2021. El reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2021-TR, resulta de aplicación a los trabajadores del sector privado comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, a los trabajadores de empresas del Estado sujetos al régimen laboral del TUO del Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y a los servidores civiles de entidades del sector público sujetos a dicho régimen.

En cuanto al procedimiento para disponer del 100% de la CTS acumulada a la fecha de disposición, el trabajador puede efectuar retiros, totales o parciales, del monto disponible en su respectiva cuenta de depósito de CTS, o solicitar, preferentemente por vía remota, que la entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúe el desembolso mediante transferencias a las cuentas del trabajador que este indique.

Recibida la solicitud de desembolso, la entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúa la transferencia a las cuentas del trabajador que este indique, en un plazo no mayor de dos días hábiles.

Conozca los agravantes por los delitos cometidos durante la emergencia sanitaria

Ley Nº 31178 modifica artículos del Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cuando se cometan ilícitos durante calamidad pública o se comprometa la defensa, seguridad y soberanía nacional.

Titular del Minjusdh aseveró que una sólida formación de profesionales garantizará el acceso a la justica y lucha contra la corrupción. Fue en acto de premiación a estudiantes ganadoras de concurso universitario.

Trabajadores CAS están habilitados para la afiliación sindical

Organización puede estar sujeta a las normas del régimen laboral de la actividad privada o del sector público.

Minjusdh trabaja reglamento para audiencias de conciliación virtuales

19/04/2021 Se detallarán los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los centros especializados para habilitar mecanismos electrónicos y las condiciones con las que accederán los usuarios, afirman.

Percy Buendia Quijandría

Periodista

pbuendia@editoraperu.com.pe

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ya avanza el reglamento de la Ley N° 31165, que modifica la Ley de Conciliación (N° 26872), con el fin de establecer los requisitos y otros procedimientos para que se efectúen las audiencias de conciliación extrajudicial por medios electrónicos.

Así lo reveló la directora de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Katalina Avalos Cordero, quien destacó también la importancia de poner en práctica estas diligencias virtuales para proteger a las personas vulnerables frente al covid-19.

En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la funcionaria sostuvo que desde el año pasado “se trabajó arduamente el proyecto, que ahora ya lo tenemos aprobado y publicado”, y que se traduce en la Ley N° 31165.

Esta norma modifica diversos artículos de la Ley N° 26872, con la finalidad de permitir el desarrollo de la audiencia de conciliación de manera presencial, o por medios electrónicos u otros similares.

Además, garantiza la identificación, capacidad y la comunicación de las partes, así como la autenticidad del contenido del acuerdo conciliatorio, “conforme a los principios que rigen la conciliación, y dicta otras disposiciones para optimizar el funcionamiento del sistema conciliatorio”.

Propuesta

“El reglamento [de la Ley N° 31165] ya lo estamos trabajando, tenemos un proyecto. En los próximos días nos reuniremos con los representantes de los centros de conciliación privados y gratuitos”, sostuvo Katalina Ávalos.

En las entidades públicas, refirió, se implementó el trabajo remoto; por lo tanto, los centros de conciliación gratuitos ya tienen acceso a internet. Entonces no habría mayor dificultad”, agregó.

“Desde el año pasado, a raíz de la pandemia, los conciliadores solicitaban en forma reiterada que se ponga en marcha la virtualización, pero no había un marco legal para concretar este pedido. Con la ley, avanzaremos con velocidad el reglamento, ya tenemos un proyecto y ajustaremos los tiempos para obtener su aprobación”, recalcó.

En este reglamento, explicó, se decidirá cómo se habilitará el archivo de las actas de conciliación virtuales. “Ese sería un detalle que debemos implementar”, aseveró.

“Además, con la Oficina General de Informática se determinará la posibilidad de utilizar otros medios de virtualización para no solo contar con los mecanismos electrónicos, sino también ver otras posibilidades”, señaló. Ávalos manifestó que, por el momento, se tienen en cuenta todos los medios electrónicos que se pueden usar mediante las computadoras, las tabletas y los celulares, que son los dispositivos que más se utilizan y que desde cualquier lugar permiten la conexión para estar presentes en una audiencia de conciliación virtual.

“El reglamento precisará detalles como los requisitos para usar las herramientas electrónicas. Por ejemplo, primero, el centro comunicará a la Dirección de Conciliación Extrajudicial si optará o no por llevar la audiencia virtual para contar con un registro, porque esas actas de conciliación se almacenarán o archivarán en un repositorio”, detalló.

Este archivo, sostuvo, enviará información cada tres meses sobre cuántas audiencias de conciliación se llevaron a cabo, si hubo acuerdos o no, con el fin de manejar esa data.

“Por más que los centros de conciliación quieran virtualizar las audiencias, si no cumplen con lo que establece el reglamento no podrán lograrlo. No solo los centros, sino también los usuarios, pues deben contar con una conexión idónea para que estén presentes en la audiencia electrónica sin problemas”, enfatizó.

Continuación

La funcionaria aclaró que si los centros de conciliación carecen de las herramientas tecnológicas podrán continuar con este mecanismo alternativo de solución de conflictos, como lo están haciendo hasta ahora de manera presencial.

“Es obvio que la virtualización es más práctica. Los centros de conciliación que deseen acudir a los medios electrónicos tendrán que efectuar todos los procedimientos y requisitos que estarán plasmados en el reglamento”, puntualizó.

Herramienta útil

El sistema de audiencias de conciliación por medios electrónicos “quedará perennizado” en el país, pues constituye una “herramienta muy útil para todas las personas que no sean vulnerables y que están fuera del país o en cualquier parte del territorio nacional”, sostuvo Katalina Ávalos.

La funcionara manifestó que los medios electrónicos facilitarán el acceso de las personas a una audiencia cuando no puedan llegar hasta el lugar desde donde se les está cursando la invitación para una citación de conciliación.

“Por lo tanto, se podrán conectar desde su casa, oficina o centro laboral para no acudir en forma personal con los riesgos que ello conlleva en el actual contexto”, aseveró.

Incluso, dijo, las personas contarán con la posibilidad de que sus abogados los puedan acompañar en las audiencias desde Lima si, por ejemplo, están en el extranjero, y los representen en la invitación.

“Para suscribir el acta, lo puede hacer con la firma electrónica y en caso de que no la tengan le darán el poder a su abogado, para que él, en su reemplazo, cumpla este acto”, detalló. Ávalos resaltó que el mecanismo alternativo de solución de conflictos será mucho más rápido, eficiente, ahorrará costos y evitará que se interrumpa la audiencia si la persona invitada no llega a tiempo desde provincia, por ejemplo.