Era 23 de agosto de 2016 cuando Solsiret Rodríguez, estudiante de Sociología y activista, fue vista por última vez. Desde entonces, sus padres, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, la buscaron incansablemente sin respuesta alguna. Cerca de cuatro años más tarde, Andrea Aguirre, concuñada de Solsiret, confesó haber descuartizado el cadáver tras ser detenida junto a su pareja Kevin Villanueva.

Pese a que el fiscal encargado del caso, Jimmy Mansilla Castañeda, del Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Penal del Callao, aseguró que la detención preliminar de ambos es por ‘encubrimiento agravado’ y por ‘homicidio simple’, la familia de Solsiret asegura que su muerte fue un feminicidio.

La República conversó con la abogada de la familia de la víctima, Ivonne Macassi León, quien explicó que según el artículo 108-B del Código Penal Peruano, “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal”, ya sea por violencia familiar, coacción, hostigamiento sexual, abuso de poder o discriminación contra la mujer.

Como se recuerda, en una entrevista que brindaron los progenitores de la joven a La República en 2019, el señor Rodríguez aseguró que antes de la desaparición de Solsiret, ella le confesó a su madre que era acosada sexualmente por su cuñado Kevin Villanueva. Y no solo ello, sino que Brian Villanueva, pareja de la occisa y hermano de Kevin, sabía de lo que ocurría e hizo caso omiso. Incluso en aquel entonces, el padre afirmó que sospechaba que su hija era también víctima de los celos y manipulación.

“Totalmente. Es un feminicidio porque hay una circunstancia de violencia previa que se dio antes de su desaparición”, enfatiza la excongresista Indira Huilca. Si bien el crimen directo habría sido por parte de Andrea Aguirre, “se ha demostrado que Solsiret vivía en un entorno familiar con situaciones de violencia, hostigamiento y acoso sexual”, añadió

Casi 15 millones de personas en el mundo fueron víctimas de fraude con robo de identidad en el 2018, y al menos 1 de cada 5 tuvo que afrontar el costo. En Perú, el robo de identidad ante los bancos es la primera causa de reclamos en el sector financiero.

¿Cómo operan estos delincuentes de las redes digitales para atacar a sus víctimas? Pues cuentan con datos de las víctimas, como nombre completo, teléfonos, dirección, número de tarjetas y de cuentas bancarias. Sin embargo, una de las ventajas es que es más difícil obtener nuestras claves personales, claves token o claves SMS.

Y como siempre es bueno, estar un paso adelante, aquí te contamos algunas técnicas de Ingeniería Social que usan para lograrlo:

Phishing

Te llega un enlace al que ingresas sin darte cuenta de que te dirige a una web fraudulenta en la que te piden datos de la tarjeta y claves.

¿Cómo evitarlo? Recuerda que tu banco nunca te enviará un enlace. Escribe la dirección completa de la web del banco, fíjate que la web tenga la “s” en “https” y que aparezca el candadito al inicio del dominio.Mira también¡No caigas en la trampa! Aprende a usar tus redes sociales de modo seguro

Vishing

Obtienen tu información mediante una llamada fraudulenta. Esta llamada puede tener diferentes formas: aparenta ser una llamada de un call center, simulando ser de tu banco o de tu empresa de telefonía pidiéndote que brindes tu número de tarjeta y clave para supuestamente bloquear la tarjeta o pagar algo antes de un corte de servicio. También puede ser una llamada de una supuesta emergencia en la que está involucrado algún amigo o familiar.

¿Cómo evitarlo? Nunca des datos de tu tarjeta, claves ni códigos SMS. Si tienes dudas comunícate únicamente con la banca telefónica del banco. No actúes de inmediato, medita y consulta si la llamada te parece extraña.

Smishing

Utilizando un mensaje de texto SMS, los defraudadores te piden ingresar a un enlace o llamar a un número de teléfono. Si lo haces tienen la oportunidad de pedirte datos de tu tarjeta y clave.

¿Cómo evitarlo? En Perú, el SMS es muy usado para enviar promociones y ofertas reales, así que desconfía de aquellas que te pidan claves o ingresar datos de la tarjeta.

Pharming

Consiste en instalar un programa malicioso que hará que cualquier tecla o clic abra una página fraudulenta. Son difíciles de detectar porque no requieren que la víctima ponga un “ok” o aceptación.

¿Cómo evitarlo? Aplicando las recomendaciones básicas de seguridad para tu PC y revisando siempre que las webs a las que ingreses sean seguras (“https”) y que aparezca el símbolo del candado, sobre todo si se trata de páginas en las que vas a ingresar tus datos bancarios para una compra.

Baiting

 Es similar al “pharming”, pero en este caso la víctima es inducida a dar su aceptación para ingresar a las páginas fraudulentas mediante un “cebo”. Puede ser una descarga gratis de una canción o bonos para juegos en línea.

¿Cómo evitarlo? Recordando que quienes diseñan estos falsos premios buscan tentarnos. Simplemente, no los aceptes.

Conociendo estas técnicas puedes contribuir con tu propia seguridad y no exponerte a un fraude que podría dejarte endeudado y dañar tu calificación crediticia. Si fueras víctima de alguna de estas modalidades de robo cancela inmediatamente tu tarjeta y haz la denuncia ante la Fiscalía. Luego, revisa tus consumos y presenta a tu entidad financiera una solicitud de aclaración por los gastos no reconocidos

Los trabajadores despedidos tienen derecho a reclamar a su empleador el pago de una indemnización por daños y perjuicios, así como por lucro cesante, pese a que durante el período de desempleo estuvieron trabajando para otro empleador.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 10956-2017-Tacna emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la máxima instancia judicial .

Fundamento

A criterio del supremo tribunal, el hecho de que un trabajador haya prestado servicios a otro empleador durante el período en que se encontró despedido, no significa que carezca del derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios, así como por lucro cesante.

Admitir lo contrario implicaría vulnerar el derecho del trabajador a conseguir ingresos propios para su subsistencia después del despido inconstitucional; por lo que ello no debe servir para no otorgar o desmejorar el lucro cesante, ya que los ingresos adquiridos por el trabajador son el fruto del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo, refiere el colegiado.

Por tanto, con este fallo, la Corte Suprema de alguna manera cambia de criterio respecto al pago de esas indemnizaciones, porque consideraba que cuando un trabajador que era despedido y después repuesto tras un proceso judicial de varios años, pedía una indemnización por los daños generados por el período de no prestación de servicios debía demostrarlos, comentó el laboralista Germán Lora, quien agregó que aminoraba esos daños el que estuviese laborando para otro empleador.

Pero sostuvo que con esta nueva sentencia la máxima instancia jurisdiccional del país de manera aislada establece que igual el empleador debe indemnizar al trabajador, pese haber prestado servicios en aquel período.

Ante ello, el experto en derecho laboral considera que los magistrados son responsables de la demora de los procesos y que deben cumplir con emitir sus sentencias en el plazo legal fijado, para evitar después recargar a los empleadores con el pago de estas indemnizaciones.

La obligación para el pago del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo es hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos, es decir, 340 días.

Sin embargo, EsSalud cuando el trabajador acumula 150 días de incapacidad consecutivos emitirá un informe Médico de Calificación de Incapacidad, y si determina que se trata de una incapacidad no temporal, solo se reconocerá el pago del subsidio hasta un máximo de 180 días.

Al respecto, el laboralista Germán Lora explicó que esta situación impide al trabajador acceder a una pensión de incapacidad permanente, ya que la determinación de la incapacidad no temporal no tiene los mismos efectos que la incapacidad no temporal.

La incapacidad permanente, permite al trabajador acceder a una pensión de jubilación a través del Sistema Privado de Pensiones o el Sistema Nacional de Pensiones, pero no así la incapacidad no temporal. Por esa razón el Plan Nacional de Competitividad y Productividad plantea como uno de sus objetivos implementar un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente.

¿Cuál es el problema?

Ante la falta de un procedimiento que determine la invalidez absoluta permanente EsSalud determina solo que existe una incapacidad no temporal, con lo cual vencido el plazo máximo deja de pagar el subsidio a la empresa.

Asimismo, el trabajador al no poder realizar labores por su condición de incapacidad, también dejará de percibir ingresos y al no tener aportes del empleador, el trabajador perderá su condición de afiliado regular al seguro social luego de tres meses impagos, anota,

Y sin embargo, el empleador no podrá extinguir la relación laboral, ya que para poder hacer requiere que se declare la invalidez absoluta permanente por EsSalud, el Ministerio de Salud o una Junta de Médicos del Colegio Médico a pedido del empleador, pero en EsSalud no existe un procedimiento, para la calificación de la señalada incapacidad, tampoco en el Ministerio de Salud, y el informe del Colegio Médico, puede representar un monto a veces superior a la liquidación del trabajador, con lo cual se vuelve un círculo vicioso, resalta el laboralista.

Lora comenta que ante esta falta de coordinación entre EsSalud, Sistema Previsional y los empleadores, lo único que se promueve son las demandas de los trabajadores por indemnización de daños y perjuicios si logran probar que la causa de su incapacidad se relaciona con las labores que realizaba.

Por ello, Lora comenta que esta en manos del legislador establecer un procedimiento que primero permita continuar con los subsidios hasta el máximo de 340 días, permitir un interrelación con los sistemas de invalidez del sistema privado de pensiones o el sistema nacional de pensiones, así como la participación de los seguros como el Seguro Complementario de Riesgo, entre otros.

Finalmente, se debería regular la posibilidad de extinción de la relación laboral con el pago de alguna indemnización, es decir, un sistema eficiente del tratamiento de la invalidez de los trabajadores.

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), a diferencia del antiguo, permite a los fiscales, en su acusación, denunciar a uno o varios imputados por dos delitos al mismo tiempo, detalló el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Es decir, la norma permite la calificación alternativa, lo que significa que si el fiscal acusa por un delito, lo puede hacer también por otro; por ejemplo, en actos contra el pudor o tentativa de violación, afirmó el magistrado y extitular del Ministerio Público.

“El principal trabajo del fiscal es contar con las pruebas para sustentar su investigación, caso contrario, pedir su archivo o sobreseimiento”, dijo la autoridad durante una entrevista a Justicia TV.

Sobre el tema, aclaró que el fiscal en su acusación solo fija los límites del juicio oral, es decir, si acusa por un determinado delito o si es solo por ese que el procesado debe ser condenado y no por otro.

Afirmó que a ello hay que agregar que el juez no puede imponer una pena mayor a la solicitada por la Fiscalía.

Casación de Keiko Fujimori: Corte Suprema aún no toma decisión por discordia entre jueces

La ex candidata presidencial cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses dictada en dos instancias del Poder Judicial.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, todavía seguirá cumpliendo prisión preventiva, ya que la Corte Suprema anunció que hasta la fecha, la Sala Penal Permanente no ha llegado a una conclusión sobre la casación que busca su libertad.

El juez supremo Hugo Príncipe, en la audiencia que había sido anunciada para esta mañana, detalló que hay “discordia” entre las opiniones de los jueces, ya que dos de ellos están a favor de rechazar la casación, mientras que otros tres opinan que debería reducirse el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.

“Se ha producido discordia entre los votos de los señores Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas, quienes se pronuncian porque se declare infundadas las casaciones”, indicó el magistrado.

“Por otra parte, los señores Castañeda Espinoza, Chávez Mella y Príncipe Trujillo se pronuncian porque se declare fundada en parte y casaron en cuanto al plazo de prisión preventiva de 36 meses a 18 meses”, añadió.

Debido a esto, anunció que no se ha formado resolución y que, según el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la casación seguirá su trámite.

Keiko Fujimori está cumpliendo una orden de prisión preventivadesde el 31 de octubre del 2018, cuando el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho admitió el pedido del Ministerio Público, a través de José Domingo Pérez, al considerar que había riesgo de obstrucción a la justicia.

El fiscal Pérez reveló, en dicha audiencia, testimonios de testigos protegidos que implicaron a Keiko Fujimori, abogados y otras personas vinculadas a Fuerza Popular en la presunta recepción de dinero ilícito de parte de Odebrecht, así como en diligencias que buscaban cambiar la versión de falsos aportantes en beneficio de la excandidata presidencial.

En enero de este año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó los 36 meses de prisión preventiva porque el tribunal consideró que se habían confirmado elementos suficientes de que se habría cometido el delito de lavado de activos bajo la modalidad de organización criminal, entre otros elementos.

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Tribunal del Indecopi confirmó, en segunda y última instancia administrativa, la multa de 232 UIT (unidades impositivas tributarias), es decir S/ 974 mil impuesta a la Empresa de Transporte Megabus S.A.C por operar en un counter del Terminal Terrestre de Huancayo sin licencia de funcionamiento.

Indecopi sostiene que, por esa razón, la empresa cometió un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, establecido en el literal b) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

En ese sentido, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) la sancionó con 232 UIT y le ordenó, en calidad de medida correctiva, el cese definitivo e inmediato de sus actividades en el Terminal Terrestre de Huancayo, en tanto no cuente con la licencia de funcionamiento correspondiente.

Luego de la apelación presentada por Megabus, la Sala emitió la Resolución N° 0127-2019 /SDC-INDECOPI, confirmando que esta empresa cometió un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de normas al concurrir en el mercado sin contar con la licencia de funcionamiento correspondiente para operar con un counter en el indicado terminal terrestre.

El literal b) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal exige que todo agente económico debe contar con el o los documentos que demuestren que su actividad económica está debidamente autorizada, de lo contrario se verificaría que compite en el mercado aprovechándose de una ventaja ilícita y significativa al incumplir tal exigencia legal.

Sobre la licencia de funcionamiento

En este caso se comprobó que la empresa sancionada inició y realizó operaciones en el citado counter sin estar autorizada para tal efecto. Recién en marzo de 2018 obtuvo la licencia pese a que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento requiere tal habilitación desde el inicio de las actividades económicas. Por tanto, Megabus concurrió en el mercado sin contar con un título que lo habilite a desarrollar sus actividades económicas.

La Resolución de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi es pública y puede verse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2YsaZJ3

La información contenida en esta comunicación se refiere a decisiones adoptadas por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, órgano que pertenece al área resolutiva de la institución y que está integrada por profesionales independientes que resuelven los casos según su conocimiento especializado y conforme al marco legal vigente. Los órganos resolutivos del Indecopi son autónomos en el ejercicio de sus funciones y sus decisiones no están sujetas a control por parte del presidente del Consejo Directivo, de la Gerencia General o de cualquiera de las Gerencias que conforman la estructura administrativa del Indecopi, conforme a lo establecido en el artículo 21° de Ley de Organización y Funciones del Indecopi.