El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el reglamento de la ley que obliga a las personas jurídicas y/o entes jurídicos a informar sobre la identidad de los “beneficiarios finales”. Es decir, la persona natural que posee efectivamente el control del negocio o en situaciones en que la propiedad y/o control de la empresa se ejerza a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control no directo.

Se detalló que se considera como beneficiario final a los directores de las empresas, cuando no se identifique a ninguna persona natural con el control del 10% de la empresa, y siempre que ocupe un puesto administrativo superior.

La finalidad de esta norma es fortalecer la lucha contra la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; garantizar la asistencia administrativa mutua con fines fiscales, con la adopción de estándares de acceso; el intercambio de información del beneficiario final de las personas jurídicas y entes jurídicos.

También se establece que abogados, contadores y financieras deberán proporcionar dicha información a la autoridad competente cuando accedan a ella en una condición o situación distinta al ejercicio profesional.

El reglamento además precisó que se presumirá que existe un control directo de una empresa cuando la persona natural ejerza más de la mitad del poder de voto en los órganos de administración o dirección, o equivalente con poder de decisión en una empresa. En tanto, se presumirá que existe un control indirecto cuando una persona natural tenga la facultad de designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros de los órganos de administración o dirección o su equivalente, entre otros.

Los obligados a presentar la declaración de beneficiario final, deberán utilizar un formato para que los beneficiarios finales consignen sus datos, formato que implementará Sunat.

Sin embargo, las empresas deberán reportar a la Sunat esta información, aun cuando no reciban declaraciones de los beneficiarios finales.

Además, las empresas deben validar la información brindada por el beneficiario final con Reniec, Sunarp y Sunat, entre otras fuentes de información; y deben archivar y conservar información como copia del documento que respalde su incorporación legal en la persona jurídica como beneficiario final, medio de pago usado para adquirir esta condición, socio o accionista, y otros.

FUENTE: GESTIÓN

Hasta el momento desde que se produjo el ataque y rotura de la tubería del Oleoducto Norperuano que bombardeaba petróleo a consecuencia del atentado a un tramo de esa tubería por una comunidad nativa en Loreto, se impidió el bombardeo de petróleo y según cifras de Perúpetro la producción de Lote 192 (el principal productor de crudo del país y el más afectado con la paralización del bombeo por el oleoducto) pasó de producir 11 495 barriles en promedio diario que había alcanzado en noviembre pasado a penas 259 barriles promedio por día en diciembre último.

Con la publicación del Decreto Legislativo Nº 1385 que sanciona la corrupción en el ámbito privado se sancionaría penalmente los actos de corrupción cometidos en el sector privado que afectan el normal desarrollo de relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas.

La mencionada ley además según Alfonso de los Heros es un primer paso en un proceso de construcción de una cultura de integridad en los negocios “Debemos estar convencidos que otro Perú es posible, y proyectar esa pasión y ambición por un país mejor en acciones concretas que nos lleven a todos a concebir otra realidad como nación” señaló.

El rendimiento deficiente del trabajador en relación con su capacidad y rendimiento promedio en labores seria causal de despido según la legislación laboral que establece que el empleador podrá solicitar la participación de la Autoridad Administrativa de Trabajo – AAT para la verificación, sin embargo a la fecha solo existe un pronunciamiento por la AAT que aprobó este despido por rendimiento deficiente en más de 20 años.