La compensación por tiempo de servicios (CTS) es un beneficio social que la empresa otorga al trabajador, con la finalidad de constituir un fondo que le permita enfrentar a las futuras contingencias que puedan ocurrir luego de la extinción del vínculo laboral, o cubrir sus necesidades y las de su familia mientras se reincorpora al mercado laboral. Este beneficio se otorga dos veces al año (mayo y noviembre).

El lunes 16 de mayo del 2022 vence el plazo para que los empleadores de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, según sea el caso, depositen la CTS, correspondiente al período semestral noviembre 2021-abril 2022.

Cálculo por tipo de empresa

El monto de la CTS que se deposita varía según el tipo de empresa y el tiempo laborado durante el período semestral:

Mediana y gran empresa. – Si el trabajador laboró el período semestral completo –noviembre 2021-abril 2022– su CTS a depositar será el 50% del sueldo de abril del 2022 más un sexto de la gratificación recibida en diciembre del 2021. Por ejemplo, si el sueldo de abril es de 2600 y el sexto de la gratificación de diciembre fue 434 soles, el 50% por depositar será 1517 soles.

Si el trabajador no ha laborado el semestre completo, por cada mes laborado percibirá un sexto del sueldo más la gratificación. Por ejemplo, si laboró en noviembre y diciembre del 2021 y en enero del 2022, el monto por depositar será 3/6 de 1.517 soles x 3/6 = 758.50 soles.

Pequeña empresa.– Es aquella cuyos ingresos anuales no fueron superiores a 1700 UIT. Pueden presentarse tres casos:

Si la pequeña empresa no está inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), todos sus trabajadores antiguos y nuevos tendrán derecho a CTS conforme a la regla general, que rige para la mediana y gran empresa.

Si la pequeña empresa está inscrita en el Remype, los trabajadores contratados hasta antes de su registro tendrán derecho a la CTS, según la regla general.

Si el trabajador ha sido contratado luego de que la empresa se inscribió en el Remype, su CTS será el 50% de lo calculado para el régimen general.

Microempresa.– Es aquella cuyos ingresos anuales no superen las 150 UIT. Igualmente, se pueden presentar tres casos:

Si la microempresa no está inscrita en el Remype, todos sus trabajadores tendrán derecho a la CTS bajo la regla general.

Si la microempresa se inscribió en el Remype, los trabajadores contratados antes de su registro tienen derecho a la CTS bajo la regla

Si los trabajadores fueron contratados después que la microempresa se inscribió en el Remype, estos trabajadores no tienen derecho a CTS.

Los trabajadores que al 30 de abril del 2022 tengan menos de un mes de servicios, no tienen derecho al depósito de la CTS que vence el 16 de mayo del 2022; pero los días laborados se sumarán al semestre mayo 2022-octubre 2022 y la CTS acumulada se depositará hasta el 15 de noviembre del 2022.

Libre disponibilidad del 100% CTS

A la fecha de elaboración del presente informe, el Congreso ha aprobado la libre disponibilidad del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2023. La autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo, que decidirá si la observa o la promulga.

Retiro de la CTS que excede a 4 sueldos

En caso de que el trabajador decida retirar su CTS, debe comunicarlo por escrito a su empleador, para que este le informe a la entidad financiera donde está depositada la CTS (banco, financiera, caja, entre otros) precisando cuál es el monto que se podrá disponer libremente.

Conforme a la Ley N° 30334, los trabajadores pueden retirar el 100% de su CTS que excede a cuatro sueldos que son intangibles (intocables, salvo por motivo de cese del trabajador), o que la ley así lo disponga.

Para determinar el monto intangible se debe considerar el último sueldo que tuviera el trabajador a la fecha en la que solicita el retiro, multiplicado por cuatro. Por ejemplo, si el total depositado en el banco es 10 000 soles y el sueldo del trabajador es 1500 soles, los cuatro sueldos equivalen a 6000 soles y el exceso de libre disponibilidad será de 4000 soles.

Conforme a ley, no tienen derecho a este beneficio los trabajadores que laboran menos de cuatro horas diarias, los que perciben el 30% o más de las tarifas que paga el público, los trabajadores de la microempresa contratados después de su inscripción de la empresa en el Remype, así como los trabajadores que perciben remuneración anual integral y los trabajadores del régimen laboral agrario que han optado por cobrar su CTS juntamente con su remuneración (Ley N° 30110 y DS 005-2021-Minagri).

Casos de embargo y retención

Los depósitos de la CTS pueden ser embargados cuando el trabajador tenga deudas por alimentos y hasta el 50%.

Tenga en cuenta que la CTS se deposita obligatoriamente en el banco elegido por el trabajador, aun cuando exista embargo judicial por deudas de alimentos.

En este caso, la empresa debe informar al juez que la CTS ha sido depositada conforme a ley y que, en todo caso, el embargo se debe solicitar al banco depositario, salvo que se trate de la CTS que se consigna en la liquidación del trabajador que cesa y cuyo plazo para su depósito aún no ha vencido.

Multas por no depositar la CTS

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puede aplicar multas por no depositar la CTS (infracción grave) y por no entregar la hoja de liquidación dentro de los cinco días de efectuado el depósito (infracción leve).

Las escalas de multas laborales vigentes fueron aprobadas por D.S. 008-2020-TR (10.02.20). Se trata de tres escalas de multas diferenciadas. La primera para la micro empresa, la segunda para la pequeña empresa y la tercera para la mediana y gran empresa (No Mype).

Las infracciones en las que puede incurrir la empresa en esta materia se clasifican en infracciones leves (no entregar la hoja de liquidación donde consta cómo se ha calculado la CTS) e infracciones graves (no depositar la CTS dentro del plazo establecido).

Para determinar el monto de la multa, además del sector al que pertenece la empresa, se toma en cuenta el número de trabajadores afectados, considerando como base la UIT (4600 soles vigente en el 2022).

Asimismo, las multas para micro y pequeñas empresas inscritas en Remype no podrán superar en un mismo procedimiento sancionador el 1% de los ingresos netos percibidos en el ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección.

En el cuadro siguiente se indican las multas mínimas y máximas por infracciones leves y graves vinculadas a la CTS, según se trate de microempresas, pequeñas empresas y medianas y grandes empresas. 

Tres nuevos precedentes administrativos de observancia obligatoria referidos al incumplimiento de las medidas de requerimiento fijó en sala plena el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El colegiado administrativo advierte que los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son unos que permitan distinguir imputaciones que solo contengan casos ‘muy graves’, ‘graves’ o bien ‘leves’.

Esto, en la medida que resulta habitual que en los casos sometidos al TFL se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normalmente como ‘muy graves’ y alguna o algunas más de distinto grado.

Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de la Sunafil determina que se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa.

Recurso de revisión

A la par, el TFL advierte que en ciertos casos, el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del reglamento de la Ley general de inspección del trabajo.

Pero, como las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas ‘graves’ o ‘leves’, el TFL establece que tales causas se depositan fuera de la competencia material de este tribunal.

De esta forma, el Tribunal de la Sunafil determina que la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas.

Esto, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia, precisa el TFL.

Directrices

El Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las intendencias regionales de la Sunafil, así como por las direcciones de inspección del trabajo u órganos que cumplan esta función en las direcciones y/o gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. Dicha norma reglamentaria señala de manera expresa que el recurso de revisión solo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de aquella norma. Esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de Derecho Laboral; y, ii) el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

 El Gobierno creó el Sistema de información cruzada para identificar el perfil de riesgo del empleador (Sicpre), una herramienta informática de análisis e identificación del nivel de peligro y posibilidad de que incurran en infracciones a la normativa sociolaboral, así como de seguridad y salud en el trabajo.

El Decreto Supremo N° 008-2022-TR indica que la administración y gestión del Sicpre estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en su calidad de Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo. La norma detalla también que la Sunafil contará con un plazo de 90 días hábiles para ejecutar el sistema. Asimismo, determinará el modelo operacional del Sicpre. En ese contexto, se establecerán los perfiles de riesgo, así como sus niveles o categorías, según criterios técnico y/o operativos.

Fuentes

El sistema utilizará como fuentes de información la planilla electrónica, el Padrón del Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT), el listado de microempresas que son fiscalizadas por los gobiernos regionales que aprueba anualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), entre otras.
La creación del Sicpre permitirá coadyuvar a la programación y la realización de labores de fiscalización u orientación como parte de las acciones de inteligencia inspectiva de la Sunafil, resalta el decreto supremo.

 El Poder Ejecutivo promulgó este miércoles la Ley Nº 31464, aprobada recientemente por el Congreso, que optimizará y acelerará los procesos judiciales por alimentos, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión alimenticia oportuna y adecuada.

La norma publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano modifica e incorpora diversos artículos en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código Procesal Civil.

Postulación del proceso de alimentos

El documento legal determina que la demanda de alimentos se debe presentar por escrito mediante la mesa de partes física o de manera virtual empleando la mesa de partes electrónica.

Para ello, el demandante debe especificar si la parte demandada es un trabajador dependiente o independiente, mencionando el nombre del lugar donde trabaja o ejerce sus labores.

La no consignación de esta información no determina, en ningún caso, la inadmisibilidad o la improcedencia de la demanda. Adicionalmente, en la demanda del proceso de alimentos se precisa facultativamente el correo electrónico y el número de teléfono celular de ambas partes.

Información solicitada de oficio

La disposición establece que el juez deberá solicitar el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este.

Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado.

Asimismo, el juez solicita las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles activos e inactivos del demandado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En cualquiera de los supuestos indicados, el informe debe presentarse en un plazo no mayor de siete días de manera completa y veraz, con el apercibimiento de remitir copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente”.

Sentencia y apelación

Concluidos los alegatos de las partes o de sus abogados defensores durante la audiencia única, el juez expide sentencia de manera oral, ya sea en su parte resolutiva o de manera integral, dependiendo de la carga procesal o la complejidad de la causa.

Cuando se expida la parte resolutiva, el juez, dentro de los tres días siguientes, notifica por escrito a las partes el íntegro de la sentencia. En caso de duda respecto a las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos, el juez resuelve aplicando el principio favor minoris o principio pro alimentado, teniendo en consideración lo establecido en los artículos 481° y 482° del Código Civil y en el numeral 6 del artículo 648° del Código Procesal Civil.

Expedida la sentencia, el juez ordena que se practique la liquidación de pensiones devengadas. Cuando la sentencia sea expedida durante la audiencia única, el juez pregunta a las partes su conformidad, en caso de que sea positivo declara consentida la sentencia.

Las partes podrán interponer el recurso de apelación de forma oral durante la audiencia única. Se le concede tres días para la exposición de agravios, computados a partir de notificada el íntegro de la sentencia.

En segunda instancia, el órgano jurisdiccional de apelación expide la sentencia en el acto de la vista de la causa y oraliza su parte resolutiva. Si el caso fuese complejo, comunica a las partes que expedirá la sentencia correspondiente dentro de los tres días siguientes.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la ampliación, por 20 días calendarios adicionales, el plazo para la recepción de sugerencias y comentarios al Anteproyecto del Código de Trabajo, documento pre publicado mediante la Resolución Ministerial 092-2022-TR. De esta manera, los empleadores y trabajadores, o sus organizaciones, tanto de las entidades públicas como privadas, así como cualquier ciudadano en general, podrán seguir realizando sugerencias, comentarios, recomendaciones o aportes al Anteproyecto del Código del Trabajo, a través del correo electrónico codigodeltrabajo@trabajo.gob.pe
La medida, dispuesta a través de la Resolución Ministerial N° 109-2022-TR, publicada el último martes en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, forma parte de la fase de sociabilización del citado anteproyecto.
El Gobierno saluda los aportes que viene recibiendo por parte de los actores sociales, especialistas laboralistas y la ciudadanía en general. Asimismo, gestionará el debate del referido cuerpo normativo ante el Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Prepublicación

Cabe indicar que el 13 de abril último, el MTPE dispuso la prepublicación del referido documento en su sede digital (https://www.gob.pe/mtpe), a fin de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones al anteproyecto del Código del Trabajo.
Dicho documento establece los principios, enfoques y normas generales que regirán las relaciones laborales. Asimismo, recoge los principios de in dubio pro operario, norma más favorable, irrenunciabilidad de derechos, fomento de la autonomía colectiva y primacía de la realidad.
Asimismo, incorpora los enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos, intergeneracional, de discapacidad y de interseccionalidad, acorde con la coyuntura actual. También plantea normar el teletrabajo, aborda la intermediación y tercerización laboral, el despido sin causa justificada, la libertad sindical, entre otros temas.

La Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Oficina Normalización Previsional (ONP) no se podrá negar, por ningún motivo, a recibir o tramitar las acusaciones de supuestos actos de corrupción en la entidad, aun cuando no se formulen mediante el formulario correspondiente.

Así lo establece la Directiva N° 004-2022-ONP/GG, ‘Directiva sobre la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, otorgamiento de medidas de protección a el/la denunciante y sanción de las denuncias de mala fe en la Oficina de Normalización Previsional’, que aprobó la Resolución N° 114-2022-ONP/GG.

El documento tiene como objeto establecer los lineamientos que regulen la atención de las acusaciones que presente cualquier persona natural o jurídica sobre la comisión de supuestos malos manejos en la institución, así como las acciones antes señaladas.

Trámite

La denuncia por un presunto acto de corrupción la interpondrá cualquier persona natural o jurídica y servidor de la ONP que tenga conocimiento del hecho. Para tal fin, la sustentará con medios probatorios cuando estos se encuentren a su alcance, según el procedimiento de la directiva.

De no contar con la documentación que acredite la comisión del supuesto acto de corrupción, el denunciante indicará la unidad o dependencia que tenga el sustento a efectos de que se incorpore en el legajo de la denuncia.

Los actos y documentos del proceso producto de la denuncia se efectuarán sobre la base del principio de reserva, pues esta tiene el carácter reservado y confidencial. Se presume la reserva de la identidad, salvo que se señale lo contrario de manera expresa, indica el documento.

La directiva determina que la presentación de la denuncia se efectuará en forma presencial/documental (escrito), presencial/testimonial (verbal) o no presencial.

En la primera, el denunciante podrá interponerla ante la Unidad Funcional de Integridad en sobre cerrado con el rótulo Denuncia-Confidencial, para la cual utilizará el formulario incluido en el anexo N° 1 de la directiva, adjuntando los medios probatorios correspondientes. También en la mesa de partes de la sede central o de los centros de atención a escala nacional.

Para la denuncia presencial/testimonial, la persona se acercará a la mencionada unidad donde el servidor responsable le proporcionará el formulario 1 para el llenado correspondiente y adjuntará las pruebas respectivas, de ser el caso, formalizándose así la presentación de su acusación.

Si el denunciante se niega a suscribir el formulario 1 colocará “sí” en la opción “denuncia anónima”. Si no sabe o no puede escribir, la denuncia la podrá recibir el encargado de la mesa de partes, con la participación de un testigo a ruego. La persona que acusa colocará su huella digital.

En cuanto a la denuncia no presencial, se presentará mediante la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano en el portal web institucional de la ONP (www.onp.gob.pe) o en el enlace https://denuncias.servicios.gob.pe/. Así también se recibirán por el correo electrónico denunciacorrupción@onp.gob.pe.

En el citado e-mail se adjuntará el formulario 1 debidamente llenado y los documentos que sustentan la denuncia. Para tal fin, se podrá descargar del portal institucional. En caso de que la Unidad Funcional de Integridad Institucional cuente con una línea telefónica, la denuncia se interpondrá por ese mecanismo, agrega la directiva.

Obligación

La citada unidad no se podrá negar, por ningún motivo, a recibir o tramitar las denuncias de presuntos actos de corrupción, aun cuando no se formulen mediante el formulario 1. Ahora bien, si no se presentó este último documento, empezará el trámite de denuncia una vez comprobada la presentación de toda la información requerida por el formulario.

Cuando algún tipo de información no haya sido presentada, la unidad cursará comunicación vía correo electrónico o al domicilio legal del denunciante “a efectos que subsane la omisión, otorgándole el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el requerimiento de subsanación”, subraya la directiva.

De no recibir respuesta de subsanación, se asumirá que el denunciante desistió de su pedido y, con él, de cualquier eventual solicitud de medidas de protección; archivándose la solicitud, lo que se informará al denunciante, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1327.

Medidas de protección laboral

En forma adicional a la reserva de identidad, la Unidad Funcional de Integridad Institucional, en coordinación con la oficina de recursos humanos, otorgará al denunciante que trabaja en la ONP una serie de medidas de protección laboral.

Entre estas, figuran el traslado temporal del denunciante o traslado temporal del denunciado a otro órgano de la ONP, sin afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el nivel del puesto.

Así también la renovación de la relación contractual, convenio de prácticas pre o profesionales o de voluntariado o similar, debido a una anunciada no renovación como represalia por la denuncia efectuada. Se le otorgará licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro de labores de la persona denunciada, en tanto su presencia constituya un riesgo cierto e inminente para la determinación de los hechos materia de denuncia, y mientras dure la investigación.

La directiva señala que la Unidad Funcional de Integridad Institucional podrá adoptar cualquier otra medida que considere conveniente a fin de proteger al denunciante. La implementación de estas acciones se ejecutará de acuerdo con lo contemplado en la normatividad interna vigente, precisa el documento.

En la semana de la propiedad intelectual, el Indecopi aseguró que más emprendedores y empresarios optan por el registro oportuno de sus marcas y creaciones ante esta institución, a fin de evitar que otras personas puedan utilizarlas y beneficiarse de su esfuerzo.

Así, informó que en los primeros tres meses del 2022, dichos agentes económicos nacionales y extranjeros han registrado 9,405 marcas en el Indecopi, una cifra auspiciosa que ratifica además la importante actividad por la que atraviesa el emprendedurismo en el Perú.

Del total de los registros entregados en lo que va del año, 4,175 corresponden a marcas de producto y 2,207 a marcas de servicio, entre otros, detalló la entidad.

Mientras que, durante el 2021, los emprendedores y empresarios registraron 36,547 marcas en el Perú, un incremento de 32.21% respecto al 2020, cuando se registraron 27,644 marcas, lo cual confirma que los negocios se vienen reactivando exitosamente tras la pandemia, informó el Indecopi.

Agregó que incluso los registros de marcas en el 2021 superaron los niveles pre-covid, pues en el 2019 se registraron solo 36,233 marcas.

En esa línea, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi precisó que la mayoría de las marcas registradas en el 2021 está vinculada a productos alimenticios (5,027 marcas), seguida por productos farmacéuticos (4,177), servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales (3,060), prendas de vestir (2,851) y servicios de educación y entretenimiento (2,716), entre otros.

De esta forma, con el registro de la marca se consolida un activo valioso, es decir, un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero, inclusive puede ser empleado como garantía de una obligación (de un préstamo u otra forma de financiación), ya que la marca puede emplearse para facilitar el acceso a créditos o garantizar otro tipo de obligaciones, dijo.

Consumidores

En el marco del APEC, la secretaría de este foro informó que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del Indecopi, en representación del Perú, completó satisfactoriamente el proyecto denominado “Diálogo público-privado sobre la promoción de la protección del consumidor en los mecanismos de resolución de conflictos y resarcimiento en el comercio electrónico”. La iniciativa liderada por el Indecopi busca incrementar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, además de desarrollar mecanismos eficientes para la resolución de conflictos en el ámbito digital y priorizar las buenas prácticas empresariales y de autorregulación, entre otros.

En un homenaje por el Día Internacional del Trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) condecoró con la Orden del Trabajo a cinco personalidades del ámbito laboral, por sus acciones distinguidas vinculadas a las relaciones laborales. El Consejo de la Orden del Trabajo (COT) otorgó ese reconocimiento en el grado de “Comendadora” a Mercedes Milagros Núñez Gutiérrez, presidenta de la de la Confederación de Trabajadores del Perú – CTP. Es, asimismo, fundadora y secretaria general del Sindicato Regional de Mujeres Trabajadoras en Construcción Civil de la Región Arequipa – SIRAMTRACC. A lo largo de su vida dirigencial promovió la defensa de los derechos laborales de las mujeres. También se entrega el grado de “Comendadora” a Catalina Chepa Guzmán Melgar, fundadora de la Asociación Nacional de Profesionales en Relaciones Industriales “ANPRI”, quien consiguió en 1997, la creación del Colegio de Relacionadores Industriales del Perú. Actualmente, impulsa la formación de profesionales que armonicen las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad. Igualmente, se otorgó el grado de “Comendador” a Hernán Chiroque Nole, de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), por su aporte al fortalecimiento de ese gremio mediante la mejora de la recaudación de la cuota sindical. Además, es uno de los promotores de la Campaña “25 kilos, ¡No más!”, para reducir el peso de la bolsa de cemento para evitar enfermedades musculo-esqueléticas por peso excesivo. Asimismo, la COT reconoció de manera póstuma a Víctor Raúl Samamé Morante con el grado de Oficial, quien fue dirigente sindical por más de 10 años del Sindicato del Banco Industrial, llegando a ocupar el puesto de secretario general; y luego, como asesor legal de la Federación de Empleados Bancarios, hasta su extinción. En ambos espacios, luchó a favor de las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas estatales y, en general, de la clase trabajadora. Igualmente se otorgó el grado de Oficial a Carlos Enrique Suárez Llosa, quien desde el año 1972 a la fecha es trabajador del diario oficial El Peruano, desempeñándose actualmente en el Departamento de Normas Legales y Boletín Oficial de la Gerencia de Publicaciones Oficiales de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A-Editora Perú. Es, además, socio de la Asociación Peruana de Promoción e Integración del Sordo-APPIS.  A su turno, la ministra Betssy Chavez señaló que la condecoración se entrega bajo los tres valores que heredamos de nuestra cultura ancestral: Ama sua, ama llulla, ama quella. Honestidad, veracidad, laboriosidad.  Recordó, además, que a través de esta distinción como Estado se reconoce a personalidades e instituciones que han destacado por su contribución al mejoramiento de las relaciones dentro del mundo del trabajo. “A lo largo de todo este tiempo ya son más de 200 personalidades e instituciones de la sociedad civil a quienes se les ha agradecido de esta manera por el aporte realizado para una convivencia cada vez más óptima, sana y de mutuo provecho para las partes involucradas en la dinámica de las relaciones laborales”, refirió. Durante las palabras de agradecimiento a cargo de la condecorada, Mercedes Núñez Gutiérrez, expresó que las acciones realizadas, fue siempre pensando en el bienestar de los trabajadores. “Hemos luchado por derechos que hoy se ven reflejado en un nuevo Código laboral, y que gracias a la gestión de la ministra Betssy Chavez, hoy todos debemos defenderlo”, señaló. Asimismo, remarcó que la distinción recibida los compromete y obliga a seguir en la lucha por defender los derechos de los trabajadores.    Por su parte, el presidente Pedro Castillo destacó la labor de cada condecorado al haber dado su vida y tiempo en favor de la comunidad, así como de sus compañeros de trabajo y del país. Enfatizó que es el momento de establecer políticas con valor público, de políticas de protección social con la finalidad de armonizar criterios para restaurar la dignidad del trabajo, donde se respete las horas del trabajo y en sintonía de la economía global.  “Tenemos que hacer efectivo el nuevo Código Laboral postergado y que tiene que ser una realidad para todos los trabajadores del país”, indicó.  El Consejo de la Orden del Trabajo (COT) es el encargado de determinar quiénes son los condecorados, previo estudio y evaluación de las propuestas presentadas. Asimismo, este órgano es el que define los grados de condecoración.     De acuerdo a la R.M N°096-2022-TR el Consejo de la Orden del Trabajo para el año 2022 está constituido por la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Betzabet Chavez Chino; así como por el viceministro de Trabajo, Edilberto Sergio Jaime Ríos; el viceministro (e) de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, José Fernando Reyes Llanos, entre otras personalidades de la actividad pública y privada.

En el marco del Día del Trabajador, el Congreso recordó que aprobó una ley que promoverá que miles de jóvenes peruanos puedan insertarse en el mercado laboral a fin de desarrollar sus conocimientos y habilidades en favor del país.

Se trata de la Ley 31396 que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral y modifica el Decreto Legislativo 1401 aprobado el 17 de diciembre pasado por el pleno por 112 votos.

La normal, promulgada el 18 de enero de 2022, reconoce como experiencia laboral las prácticas preprofesionales y profesionales realizadas por los estudiantes y egresados de las instituciones de educación superior universitaria y no universitaria en las diversas instituciones públicas y privadas.

En ese sentido, serán reconocidas las prácticas preprofesionales que se dan por un periodo no menor de tres meses o hasta cuando el estudiante adquiera la condición de egresado.

Asimismo, las prácticas profesionales que se dan por un periodo de hasta un máximo de 24 meses son reconocidas como experiencia laboral para su desempeño en la actividad pública y privada.

La ley establece, en una disposición complementaria transitoria, que los egresados de instituciones de educación superior universitaria y no universitaria en el periodo del 2019 al 2022 pueden acreditar prácticas profesionales realizadas hasta 24 meses después del levantamiento del estado de emergencia sanitaria a causa del covid-19.

La RMV no solo es el mínimo salarial que debe percibir un trabajador no calificado sino que opera también como base de cálculo para otros conceptos y remuneraciones de carácter sectorial.

A partir de la fecha, la Remuneración Mínima Vital (RMV) será de 1025 soles para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, de acuerdo con el Decreto Supremo 003-2022-TR.

Impacto en la asignación familiar:

Adicionalmente, cabe recordar que la asignación familiar es equivalente al 10% de la RMV, según lo señala la Ley N°25129. En ese sentido, la asignación subirá de 93 a 102.50 soles.

La asignación familiar es el derecho que corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tienen hijos menores de 18 años de edad o hasta los 24 años siempre que sigan estudios superiores o universitarios. Los trabajadores deben demostrar que cumplen con estos requisitos. Quienes no los cumplan, no tienen derecho a la asignación familiar.

El incumplimiento depago o el pago tardío o diminuto está tipificado como infracción grave en materia de relaciones laborales, por lo que podrá ser sancionado por la Inspección del Trabajo.