El Gobierno publicó el Decreto Supremo Nº 008-2022-SA, que actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (Ley N° 26790), aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA, el cual tras más de 20 años perfecciona el listado de las actividades consideradas de alto riesgo.La citada norma agrega 104 actividades que ahora están comprendidas en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), entre las que figuran: operación de viveros de árboles; silvicultura y otras actividades forestales; pesca marítima; extracción de petróleo crudo; extracción de sal; fabricación de tejidos de punto y ganchillo; fabricación de módems de computadoras, entre otras.
De esta manera, más trabajadores tendrán la protección del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), una gran medida para avanzar en la universalización del aseguramiento contra riesgos laborales y lograr una mayor protección social para los trabajadores. 
Esta disposición se trabajó de manera coordinada entre los ministerios de Salud y el de Trabajo y Promoción del Empleo.

Decisión representa importante precedente contra las llamadas y mensajes no deseados.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó el uso de los métodos comerciales agresivos y engañosos, regulados por el Código del Consumidor.

La empresa usó un sistema de llamadas automáticas que se repetían a toda hora del día.

Fue al penalizar por su persistencia en el incumplimiento de conductas previamente castigadas a las empresas de Telefónica y Entel, con multas de 17.23 UIT, equivantes en 79,258 soles, impuestas a cada una de ellas.

En el caso de la primera compañía, la Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 justificó la decisión del Indecopi ante la reincidencia del infractor en el uso indebido de los datos personales de un usuario y llamarlo de manera agresiva y reiterada a su número celular para promocionar sus servicios sin su consentimiento.

La empresa uso un sistema de llamadas automáticas que se repetían a toda hora del día, incluso hasta de madrugada.

Mientras que, en el segundo caso, se amparó la denuncia de otro usuario respecto a que la empresa le envío constantes mensajes de texto promocionales sin contar con su autorización, a pesar de que solicitó se abstengan de continuar con esta conducta.

Así, ambas empresas infringieron el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que mediante servicios de centros de llamada (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto o de mensajes electrónicos masivos promueven sus productos y servicios haciendo uso de los números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que no han brindado su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para ello.

El Indecopi, además. informó que, en el 2020, la Sala Especializada en Protección al Consumidor sancionó a Telefónica con 1 UIT por haber empleado métodos comerciales agresivos, al enviar mensajes de texto para promover sus productos y servicios sin consentimiento. Ese mismo año, la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 también sancionó a la empresa con 40 UIT por el mismo motivo.

También en el 2020, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 sancionó a Entel con una amonestación por realizar llamadas telefónicas al número de celular de un consumidor para ofrecerle diversos productos y servicios sin su consentimiento, decisión que fue confirmada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de la institución.

Registro de infracciones

El Indecopi dispuso también la anotación de Entel y Telefónica en el registro de infracciones y sanciones de la institución de conformidad con el Código de Protección al Consumidor. La norma señala que esta entidad lleva un registro de las infracciones y sanciones a sus disposiciones con el fin de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y usuarios y así orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Por lo tanto, los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro años contados a partir de la fecha de resolución.

Por otro lado, precisa que la definición de datos personales puede abarcar un amplio rango de características que ostenta una persona, como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, dirección del domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de RUC, número de la placa del vehículo, huella digital, el ADN, una imagen, número del seguro social. que la identifican ya sea directa o indirectamente.

Buscan fortalecer las capacidades de las autoridades administrativas de trabajo en la oportuna intervención y solución de las controversias y permitir el seguimiento de los desacuerdos.

Para una oportuna intervención en la prevención y solución de los conflictos laborales colectivos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) determinó el procedimiento para el registro en su Sistema de Alerta Temprana (SAT) de todas las solicitudes de pliegos de reclamos, huelgas, paralizaciones intempestivas u otros conflictos de carácter colectivo reportados a la Autoridad Administrativa de Trabajo que generan conflictos. 

Se trata de la Directiva General N° 0001-2022-MTPE/2/14, Normas para el uso del Sistema de Alerta Temprana, que contiene las pautas que deben seguir las direcciones y/o gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (Dgrtpe), en relación con el uso del SAT y las pautas generales para el registro de una alerta en este software.

Lineamientos

Así, el instrumento técnico, aprobado con la Resolución Ministerial N° 131-2022-TR, tiene por finalidad garantizar y precisar el contenido de la información que debe registrarse en el SAT para fortalecer las capacidades de las autoridades administrativas de trabajo a escala nacional y de los operadores del SAT, así como para permitir el seguimiento de los conflictos laborales de naturaleza colectiva.

De acuerdo con la directiva, acceden al SAT la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral (Dpsclrsel) de la Dirección General de Trabajo y todas las Dgrtpe del país, incluyendo sus respectivas zonas de Trabajo y Promoción del Empleo, para lo cual la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MTPE crea el código de usuario y su clave, previo requerimiento de la Dpsclrsel, lo que permitirá su acceso al software.

Para el registro, el conciliador o responsable asignado, tomará conocimiento de las solicitudes de pliegos de reclamos, huelgas, paralizaciones intempestivas u otros conflictos de carácter colectivo, donde previa evaluación de la problemática ingresará al SAT la información de la empresa y del sindicato, la localización de la problemática y los datos de esta última (comunicación de petición y/o reclamo).

Una vez ingresados y guardados los datos en el sistema, automáticamente se asignará el número de registro de alerta ‘Código de alerta’, el cual permitirá identificar la problemática en el sistema, detalla la directiva.

En tanto que para el seguimiento, el conciliador o responsable asignado registrará los hechos y acciones suscitados por la problemática según su ‘Código de alerta’, los cuales se anotarán de acuerdo con las fechas de toma de conocimiento y de ocurrencia.

Negociación colectiva

En el SAT se registrarán pliegos de reclamos, huelgas o paros intempestivos, asistencias técnicas si fueron requeridas, reuniones extraproceso, reuniones informativas y reuniones de conciliación dentro de la negociación colectiva, así como otros conflictos laborales de naturaleza colectiva, precisa el documento técnico.

De modo tal que con conocimiento y evaluación de la problemática, la Autoridad Administrativa de Trabajo podrá ingresar a la página web, cuyo link es http://gestion.trabajo.gob.pe/alerta-temprana/#/login/acceso.

En caso de registro, corresponderá al conciliador o responsable asignado seleccionar el módulo ‘Seguimiento’, en el cual está la opción ‘Alertas’ y, por último, presionar el botón “Agregar’, donde ingresará los datos al formulario de la empresa, del sindicato, de la localización y de la problemática, según corresponda.

Para el seguimiento, la directiva señala que el conciliador o responsable asignado deberá seleccionar el módulo ‘Seguimiento’, en el cual está la opción ‘Alertas’; para luego presionar el botón de “Búsqueda avanzada”, donde ingresará el código de alerta de la problemática u otro criterio de búsqueda.

Una vez identificada la alerta, tendrá las opciones de agregar hechos y acciones, según corresponda, puntualiza el instructivo.

Responsabilidades

Serán responsables del cumplimiento de la presente directiva los directores y/o gerentes regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, los directores de Prevención y Solución de Conflictos o quienes hagan sus veces, los subdirectores de Negociaciones Colectivas o personal asignado por la Dirección o Gerencia, al igual que los jefes de zonas de Trabajo y Promoción del Empleo en el país. Esto teniendo en cuenta que todos los conflictos laborales colectivos deberán registrarse en el SAT, precisa el instrumento técnico.

Por su parte, la Dirección General de Trabajo, mediante la Dpsclrsel, se encargará de brindar capacitación y asistencia técnica, al igual que supervisar el cumplimiento del procedimiento en el uso del SAT a escala nacional, establecido por la directiva.

Corresponderá a la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MTPE crear un código de usuario y su clave para las Dgrtpe en el país, incluyendo sus respectivas zonas de Trabajo y Promoción del Empleo, previo requerimiento de la Dpsclrsel, indica la directiva.

Procedimiento

Los estados de la alerta pueden ser de surgimiento, escalamiento, estancamiento y concluido, detalla la directiva. El estado de surgimiento indica la situación inicial de la alerta, en la etapa de formación; mientras que la situación de escalamiento señala que se intensifica el conflicto entre las partes (huelga materializada, paralizaciones intempestivas).

El estado de estancamiento indica que los involucrados del conflicto no arribaron a un acuerdo y, por ende, se agota la vía administrativa, debiendo recurrirse a la autoridad judicial o al arbitraje u otra forma que las partes determinen para resolver el conflicto, como es el caso del retorno a la negociación directa. En tanto que el estado concluido indica que los involucrados del conflicto llegaron al acuerdo mediante la suscripción de un convenio.

Pautas y sugerencias para la elección de los representantes del personal y del empleador.

Ante las nuevas responsabilidades, plazos y acciones que deben cumplirse con vista a garantizar de manera adecuada la validez del procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), corresponde a las empresas con 20 o más trabajadores ser precavidas y adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias.

Sobre todo la conformación de este comité, que es una de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo recientemente más fiscalizadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que cuenta con los listados de las empresas que no declaran este comité en el Registro de Información Laboral (T-Registro) de la planilla electrónica, advierte Vinatea & Toyama en un reciente boletín.

Recomendaciones

Al respecto, la laboralista y miembro de esta firma legal Mariela Poicon sugiere a las empresas involucradas analizar los cambios normativos en el proceso de elección del mencionado comité, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR.

A la par, recomienda evaluar la posibilidad de implementar mecanismos tecnológicos para la elección de los representantes de los trabajadores siempre que garanticen que el voto sea secreto y directo. Más aún porque como parte de las medidas de prevención contra el contagio del covid-19 es recomendable limitar las aglomeraciones presenciales, precisa.

En caso se elija la opción del uso de mecanismos tecnológicos, la especialista también sugiere establecer un manual para el correcto voto electrónico y capacitar a los trabajadores en su debido uso.

Incluso, para evitar inconvenientes en la fiscalización que efectúe la autoridad competente al respecto, la experta aconseja a los empleadores evaluar correctamente a quienes serán sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Esto implica que los representantes designados por el empleador para formar parte de este comité se encuentren formalmente calificados como trabajadores de dirección y/o de confianza por intermedio de una comunicación escrita de la empresa, detalla la laboralista.

De igual modo, Poicon propone a las empresas inscribir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. “Constituye una obligación declarar la existencia y vigencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el T-Registro de la planilla electrónica”, explica la especialista, que se desempeña como asociada de Vinatea & Toyama.

Por un plazo de 180 días hábiles amplió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de actualizar la Política Nacional contra el Lavado de Activos, que se conformó mediante la Resolución Ministerial N° 0132-2021-Minjus.La Resolución Ministerial N° 0171-2022-JUS recuerda que, mediante la citada norma, del 16 de julio de 2021, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, con el objeto de elaborar la propuesta de actualización. Además, dispuso que la secretaría técnica del grupo esté a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), la cual asumió la responsabilidad de coordinar las acciones conducentes a la elaboración de la propuesta.
El artículo 7 de la citada resolución ministerial estableció la vigencia de 120 días hábiles para el grupo, contados a partir de su instalación, la que podría prorrogarse.

Diseño

En la actualidad, refiere, la elaboración de la propuesta de actualización de la Política Nacional contra el Lavado de Activos se encuentra en la fase de diseño, encontrándose pendiente el inicio de la fase de formulación.
Frente a esta situación, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú señala que resulta necesario prorrogar el plazo de vigencia con el objeto de culminar la formulación de la propuesta de actualización de la Política Nacional contra el Lavado de Activos.
Si se considera que el pasado 25 de febrero de 2022, el grupo de trabajo concluyó su periodo de vigencia, debe tomarse esta fecha como el hecho justificativo para la aplicación de la eficacia anticipada, señala la norma.

El acceso de los trabajadores a la nueva licencia con goce de haber para realizarse exámenes oncológicos anuales de manera preventiva tendrá carácter compensable con horas acordadas con el empleador.

Este derecho, además, regirá tanto para los trabajadores del sector público como del privado, sin excepción, de conformidad con la Ley Nº 31479, que se incorpora a las normas de la Ley Nacional del Cáncer.

Para acceder a esta licencia remunerada, el trabajador previamente deberá presentar ante su empleador o autoridad superior la orden médica en la que se indiquen los exámenes.

Asimismo, posteriormente se presentará ante quien se solicitó la licencia los documentos que acrediten que se recibió la atención que motivó la solicitud, señala la norma.

Al respecto, el laboralista César Puntriano detalló que la legislación regula hasta seis licencias por temas médicos.

En este contexto, precisó el descanso médico de 20 días calendario remunerados al año. Luego, la licencia para los trabajadores que tengan familiares directos que padezcan de enfermedad grave o terminal, o hayan sufrido un accidente grave. Su duración es de hasta siete días calendario continuos y es remunerada.

Tercero, la licencia para aquellos trabajadores que sean familiares directos y cuidadores a cargo de la atención de pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias tienen derecho a solicitar a su empleador hasta una jornada laboral de permiso remunerado al año, a fin de atender las necesidades del paciente.

También la licencia en el día programado para vacunarse contra el covid-19; y la licencia al trabajador para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. Comprende hasta 56 horas alternas o consecutivas anualmente.

Finalmente, el trabajador afectado por tuberculosis tiene derecho a ingresar una hora después del horario habitual a su lugar de trabajo o retirarse una hora antes, para recibir el tratamiento supervisado, medida que se encontrará vigente hasta que culmine su tratamiento.

Justificación

La norma, de este modo, está orientada a la prevención de riesgos de salud y preservación de la vida mediante la facilitación de condiciones para el diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas a fin de poder recibir un tratamiento médico oportuno.

De ahí que la Ley Nº 31479 incorpora un nuevo artículo a la Ley Nacional del Cáncer, como una medida de apoyo frente a las iniciativas que el Estado promueve para reducir la incidencia de estos casos entre la población. Se calcula que la incidencia del cáncer continuaría con una tendencia creciente en los próximos años, pues se espera el diagnóstico de 125,164 casos hacia el 2040, lo que convierte al cáncer en un problema de salud pública para el país.

Medida beneficiará a empleados de los sectores público y privado, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral.

El Gobierno promulgó la Ley N° 31479 que establece una licencia de dos días con goce de haber y posterior compensación para los trabajadores que se realicen exámenes oncológicos preventivos anuales.El nuevo artículo 12 de la Ley 31336, Ley Nacional del Cáncer, señala que esta licencia se otorgará sin perjuicio de que el empleador sea del sector público o privado, independientemente de la naturaleza contractual de su vínculo laboral.
Por lo tanto, tendrán derecho a una licencia anual compensable, hasta por dos días hábiles, consecutivos o no, para someterse a sus exámenes preventivos oncológicos.
Para acceder a esta licencia, precisa, previamente el trabajador deberá coordinar con el empleador o autoridad superior, además de presentar la orden médica en la que se indiquen las pruebas que se efectuará. 

Documentación

Asimismo, posteriormente a estas revisiones médicas preventivas alcanzará los documentos que acrediten esa atención, agrega la norma.
El nuevo artículo concluye que “la licencia otorgada al trabajador será compensable con horas de trabajo que serán acordadas con el empleador”.

A raíz de los cambios en la normativa, la Cámara de Comercio de Lima destaca la importancia de que las empresas del país conozcan el escenario y prevean las acciones para reducir las contingencias laborales.

En agosto vencerá el plazo para que las empresas adecuen sus contratos firmados con las compañías tercerizadoras a las nuevas reglas establecidas en el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modificó el Decreto Supremo N° 006-2008-TR, el cual aprobó el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de tercerización.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recuerda que los citados acuerdos, vigentes al 24 de febrero del 2022, se debían adecuar a las disposiciones dentro de los 180 días calendario a partir de la publicación de la norma modificatoria, que se cumplirán el 22 de agosto.

Características

El contrato de tercerización, explica, recoge una forma de organización empresarial mediante la cual una compañía –denominada principal– encarga o delega a otra –empresa tercerizadora– que, tomando como base sus propios conocimientos y habilidades efectúe una obra específica y determinada o una parte del proceso productivo.

Para tal fin, esta última brindará sus propios trabajadores, los que, naturalmente, se encontrarán bajo su subordinación y con sus propios recursos financieros y técnicos, en favor de la firma principal, sostiene el mencionado gremio.

La CCL detalla que constituyen elementos característicos en esta modalidad que la empresa tercerizadora, salvo excepciones puntuales, cuente con pluralidad de clientes, equipamiento para prestar los servicios, inversión de capital y que reciba la retribución por obra o servicio.

En ningún caso, asevera, se admitirá la sola provisión de personal, “toda vez que este sistema de contratación no debe restringir el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

Disposiciones

La Ley N° 29245 (del 24 de junio del 2008) y el Decreto Legislativo N° 1038 establecieron los casos en los que procederán los requisitos, derechos y obligaciones que se deben cumplir, así como las sanciones aplicables a las empresas que desnaturalizan el uso del citado método de vinculación empresarial afectando derechos de los trabajadores, señala.

La Cámara de Comercio de Lima subraya que, a raíz de las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, “es importante que las empresas tengan conocimiento del nuevo escenario presentado y prevean las acciones para reducir contingencias laborales ante futuras eventuales acciones de fiscalización por parte de la autoridad de trabajo”.

Así, por ejemplo, la regulación específica de la tercerización laboral se aplicará solo a aquella que ocurra con desplazamiento continuo de trabajadores y no a la que suceda sin desplazamiento, ni a las que lo hagan en forma esporádica, indica.

Desplazamiento

El desplazamiento continuo, señala, se registrará cuando el personal de la empresa tercerizadora efectúe su labor en el local de la empresa principal y la duración del desplazamiento sea de más de un tercio de los días laborables pactados en el contrato de tercerización o cuando la tercerización exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro de un semestre.

A la par, anota, se podrán tercerizar actividades especializadas vinculadas con la actividad primordial de la empresa principal que exigen un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados.

Se entenderá “por obra la ejecución de un encargo concreto vinculado con la actividad principal de la empresa principal, debidamente especificado en el contrato civil suscrito entre la empresa principal y la empresa tercerizadora”, enfatiza.

Prohibición

La CCL recuerda que no se podrán tercerizar actividades que tengan por objeto el núcleo del negocio. Este último es un concepto nuevo introducido por el Decreto Supremo N° 001-2022-TR y si bien la norma no contiene una definición propiamente dicha, sí establece algunas características para identificarlo, acota.

Figuran el objeto social de la empresa; lo que la identifica a la empresa frente a sus clientes finales; el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades; la actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes; y la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos.

Causal de desnaturalización

El Decreto Supremo N° 001-2022-TR incorporó como causal de desnaturalización de la tercerización el desplazamiento de trabajadores de la empresa tercerizadora que no tenga por objeto desarrollar actividades principales conforme a las definiciones establecidas en el propio reglamento; y el desplazamiento para desarrollar actividades que forman parte del núcleo del negocio, señala la CCL.

Mientras, sostiene, se mantienen como causales en caso se concluya que existe ausencia de autonomía empresarial de la tercerizadora; si los trabajadores de esta última están bajo la subordinación de la principal; y si continúa la prestación de servicios después de los 30 días de cancelado el registro de la empresa tercerizadora.

La desnaturalización traerá como consecuencia que la firma principal asuma como empleador de los trabajadores desplazados desde el inicio del desplazamiento, salvo prueba en contrario sobre al momento en que ocurrió la desnaturalización, precisa el gremio.

Cifra

30 días tendrán las firmas principales para adecuarse si le cancelan el registro a la tercerizadora.

Agilizan además procedimientos de ejecución coactiva en los registros públicos.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) autorizó la presentación electrónica de títulos que contengan medida cautelar de embargo dispuesto por los ejecutores coactivos del Indecopi para ser inscritos en el registro de predios de esta entidad.

El objeto es afianzar la lucha contra la falsificación documentaria al prescindir ambas entidades del soporte papel en el referido procedimiento de inscripción registral, precisa la Resolución de Superintendencia Nº 069-2022-Sunarp/SN, publicada de conformidad con el convenio de cooperación interinstitucional suscrito por ambas entidades.

Con esta norma además se simplifican las actuaciones internas propias de la institución registral relacionadas con el trámite de documentos, a razón de que, en este caso, el título presentado electrónicamente por los servidores del Indecopi ingresa directamente a la carga laboral del registrador, con el respectivo asiento de presentación, contribuyendo, de forma eficiente y efectiva, a la mejora del procedimiento registral.

Así, en adelante, el Indecopi empleará el Sistema de Intermediación Digital (SID) de la Sunarp para agilizar los procedimientos de ejecución coactiva, debido a que la presentación de las resoluciones administrativas ya no será de manera presencial, sino electrónica y con firma digital.

El trámite

Al respecto, los trámites registrales que efectúe la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi serán más eficientes y céleres, pues no se requerirá de la presentación física de sus resoluciones para el embargo de casas, departamentos, terrenos, entre otros, en el ámbito nacional; basta con que la presentación electrónica de la indicada resolución ingrese al SID para que llegue directamente a la carga laboral del registrador, con el respectivo asiento de presentación.

De esta forma, los equipos técnicos de ambas instituciones unen esfuerzos para establecer un canal enteramente digital que permita la gestión electrónica de las resoluciones de embargo motivadas por el incumplimiento en el pago de las multas impuestas a las personas y empresas, por infringir las normas que velan por la leal y libre competencia, las relaciones de consumo y la propiedad intelectual. De igual modo, la administración registral incorporó nuevos certificados compendiosos solicitados presencialmente de mayor demanda en el registro para que sean expedidos en formato electrónico, con firma digital, código de verificación y código QR, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 070-2022-Sunarp/SN.

Nuevos certificados

Según la norma, estos corresponden al Certificado Registral Vehicular (CRV), certificado positivo del Registro de Predios (por titularidad) y certificado negativo del Registro de Predios (por titularidad).

Por tanto, estos certificados se podrán solicitar de manera verbal por el ciudadano, tal pedido es derivado por sistema al servidor responsable encargado de su expedición; por lo que, cuando la solicitud deba ser atendida en una oficina registral distinta a la que el ciudadano acude, no resultará necesario el pago de la tasa por concepto de mensajería, precisa la norma firmada por el superintendente Luis Longaray Chau.

Solicitudes con firma electrónica

La administración registral acordó asimismo incorporar la presentación electrónica de las solicitudes de inscripción, suscritas con firma electrónica, mediante el SID-Sunarp referidas a la transferencia de propiedad por fusión, por escisión y por organización simple del registro de predios, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 071-2022-Sunarp/SN.

También la presentación de solicitudes con firma electrónica de la transferencia de propiedad por fusión, por escisión y por reorganización simple en el registro de propiedad vehicular.La inscripción de estos actos estará sustentada, en todos los casos, en inscripciones previamente efectuadas en el Registro de Personas Jurídicas a cargo de la Sunarp; por tanto, en las solicitudes que sean presentadas se deberá indicar el número de partida registral y oficina registral.

De ser el caso, se deberá indicar el título archivado o asiento de inscripción al que se está remitiendo, de conformidad con la normativa vigente.

Las multas por el incumplimiento de las normas de salud y seguridad laboral pueden llegar hasta los 240,000 soles, informó la Sunafil.

Fue tras iniciar una nueva campaña para verificar el cumplimiento de estas disposiciones en el rubro de restaurantes de comida rápida, tanto en Lima como en el interior del país.

“Queremos prevenir accidentes fatales como el ocurrido en el 2019, donde dos jóvenes fallecieron electrocutados”, recordó el jefe de esta institución, José Baldeón, al hacer referencia al accidente fatal ocurrido en Mc Donalds.También se constató la jornada laboral tanto del personal contratado bajo una jornada completa y de part-time.

Planilla

Como parte de estos operativos, la Sunafil mencionó que por cada trabajador que no se encuentre en planilla, la multa es superior a los 12,000 soles.