“Si la IA es una herramienta al servicio de la justicia, es también, con creciente frecuencia, un instrumento de la criminalidad; este es el flanco que los sistemas judiciales iberoamericanos no debemos de ignorar y que, en el Sistema de Flagrancia peruano, nos exige una respuesta de adaptación permanente”, dijo.
ENTORNO FAVORABLE
Tello Gilardi consideró, en ese sentido, que las Unidades de Flagrancia impulsadas por el Poder Judicial del Perú constituyen un entorno especialmente favorable para la implementación responsable de herramientas de IA.
Ello por razones que son inherentes a su arquitectura como la concentración de operadores en un mismo espacio, estandarización de procedimientos, generación permanente y homogénea de datos procesales, y supervisión humana continua de cada decisión jurisdiccional, destacó la magistrada.
La magistrada explicó que el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y las Unidades de Flagrancia Delictiva es una experiencia que constituye uno de los esfuerzos más importantes emprendidos por el Perú para fortalecer la respuesta de la justicia frente a la criminalidad flagrante:
Cabe señalar que las Unidades de Flagrancia concentran en un solo espacio físico y funcional a los cuatro operadores críticos en la lucha contra el crimen: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú.
“Actualmente, contamos con 38 unidades de flagrancia distribuidas en el país, lo que evidencia la consolidación progresiva de este modelo como una política de alcance nacional y como respuesta concreta para garantizar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía”, anotó.
La jueza resaltó que, en el año 2025, de los casos ingresados registrados a nivel nacional, se alcanzó un 92.97% de procesos resueltos, con un 92.35% de las sentencias logradas en una primera sesión; en tanto que, en el año 2026, se resolvieron el 90% de los casos ingresados.
Uso progresivo de IA
Tello Gilardi refirió que el Perú implementa de manera progresiva, desde las unidades de flagrancia, el uso de IA como motor de productividad en dimensiones como la interoperabilidad de información en tiempo real, es decir la integración de bases de datos de los entes de justicia.
“Lo que permite al juez de flagrancia acceder de manera inmediata al historial procesal del detenido, condenas previas, medidas cautelares vigentes y antecedentes penales, todo ello en el momento de la audiencia”, indicó.
También en los campos sobre gestión digital del expediente y automatización de actuaciones, análisis predictivo y gestión de riesgos, identificación de patrones delictivos y georreferenciación; y estadísticas jurisdiccionales en tiempo real.
No obstante, aclaró que el Perú sostiene una posición de principio que comparte con la Cumbre Judicial Iberoamericana: la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo a la función judicial, nunca su sustituto.
“El juez o la jueza —ser humano, comprometido con la dignidad de las personas y con el Estado Constitucional de Derecho— es y debe seguir siendo el centro de toda decisión jurisdiccional; la IA potencia esa capacidad, no la reemplaza ni la delega”, afirmó.
Tello Gilardi remarcó que, para mayor eficacia en la lucha contra la cibercriminalidad, los operadores deben contar con capacitación especializada en evidencia digital, cadena de custodia electrónica y valoración de prueba tecnológica, para que los protocolos de flagrancia incorporen esos estándares.
“Este es uno de los desarrollos más urgentes en nuestra agenda: extender la competencia especializada de las unidades de flagrancia para dar respuesta ágil y garantista a los delitos cometidos con medios tecnológicos y el apoyo de la inteligencia artificial, articulando para ello la cooperación internacional”, dijo.
La jueza suprema resaltó así que la experiencia peruana en flagrancia delictiva evidencia que es posible conciliar celeridad con garantías, eficiencia con legitimidad, e innovación tecnológica y el uso responsable de la IA con pleno respeto del debido proceso.
“La justicia del siglo XXI debe ser rápida, justa, tecnológica, constitucional; y los mismos atributos de una buena Unidad de Flagrancia deben definir a los sistemas judiciales iberoamericanos en la era de la IA: velocidad con garantías, tecnológica con supervisión humana, e innovación”, sostuvo.
