Un total de 1460 internos e internas de los establecimientos penitenciarios de Socabaya, Callao, Cañete, Lurigancho, Chachapoyas, Huamanga, Mujeres de Trujillo y del Centro de Rehabilitación de Menores Marcavalle del Cusco, recibieron asistencia legal gratuita de la Dirección de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
Durante las jornadas de trabajo, que se realizaron entre el 5 y 8 de abril, en el marco de la política del Gobierno en materia penitenciaria, participó un equipo de 83 defensoras y defensores públicos penales, de asistencia legal y de defensa de víctimas, los que absolvieron consultas y orientaron a las personas privadas de la libertad acerca de los beneficios penitenciarios, derivación de trámites a otras sedes, entre otros.
Esta campaña forma parte del plan de reactivación de los servicios presenciales de la Defensa Pública en los establecimientos penitenciarios y centros de rehabilitación de menores del país que promueve el Minjusdh con el fin de brindar asistencia legal a los internos y a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Participaron defensoras y defensores públicos de las Direcciones Distritales de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima Este, Callao, Lima Norte, Lima Centro, Ventanilla, Cusco, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Amazonas y Cañete, en el marco del trabajo desplegado por la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
Servicios presenciales
El plan de reactivación de servicios presenciales en los penales responde a la alta demanda de asistencia legal de los internos. En el contexto del estado de emergencia sanitaria, entre el 2020 y el 2021, se efectuaron 99 567 patrocinios, 126 653 consultas y 76 882 diligencias libres, que en total suman 303 102 atenciones. En la actualidad, las asistencias legales virtuales se continúan desarrollando en los establecimientos penitenciarios, en coordinación con el Inpe y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La Defensa Pública y el Inpe coordinan para que las campañas presenciales –con estrictas medidas de bioseguridad– se repitan en todo el país, contribuyendo a resolver el problema de hacinamiento en los penales.
