Indecopi implementa estrategia con ese objetivo.
El Indecopi apuesta por una estrategia de prevención de conflictos entre proveedores y consumidores, al ser conscientes de que las empresas, el Estado y también los consumidores tienen un papel importante para que las relaciones de consumo en el país se desarrollen de manera responsable.
Así lo sostuvo la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Ana Peña, durante su participación en el Foro de Organismos Reguladores de la Cámara de Comercio Americana del Perú (Amcham).
En este contexto, la autoridad destacó la importancia de su Centro Especial de Monitoreo (CEMI) como estrategia para la prevención de conflictos entre proveedores y consumidores.
El CEMI permite detectar los problemas que afectan a los consumidores de manera inmediata, ya que se alimenta de distintas fuentes, como los reclamos de la plataforma Reclama Virtual, correos electrónicos, consultas y reportes por medio del WhatsApp Aeropuerto, del formulario de Vigilancia Ciudadana e incluso de la participación de la ciudadanía en las redes sociales.
Con esta información, la institución puede ejecutar acciones para solucionar conflictos y que los proveedores corrijan su conducta, evitando el inicio de procedimientos administrativos sancionadores.
Sistema integrado
Además, en su función de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, el Indecopi deriva los casos en los que no tiene competencias a las instituciones correspondientes, en beneficio de los consumidores.
Desde el 16 de marzo del 2020 al 24 de julio del 2022, el CEMI procesó 402,031 reportes. Los sectores con mayor tendencia a la conflictividad son Comercio e industria con 178,542 reportes; Financiero y seguros con 120,195; Enseñanza con 26,857; Transporte aéreo con 18,142; Turismo con 6,461 y Transporte terrestre con 7,057 reportes.
Esta información es enviada periódicamente a los gremios empresariales y proveedores para que mejoren la gestión de sus negocios. Asimismo, estos datos sirven para que las instituciones del Estado evalúen la normativa nacional y su posible modificación, explicó Peña.
